Polémica lingüística

Políticos y cargos independentistas evitan las escuelas en catalán

Entre ellos figuran Oriol Junqueras y el conselelr de Educación, Josep Gonzàlez Cambray

El conseller de Educación, Josep González Cambray atiende a los medios tras reunirse esta mañana con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. EFE/Alejandro García
El conseller de Educación, Josep González Cambray atiende a los medios tras reunirse esta mañana con la dirección de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar. EFE/Alejandro GarcíaAllejandro GarcíaEFE

Mientras sigue la incesante polémica ocasionada por las reacciones de familias muy reacias a obedecer a la Justicia y aplicar el 25 % de las clases en castellano, Vox amenaza con denunciar a Josep Gonzàlez Cambray y Oriol Junqueras, y el líder del PP, Pablo Casado, se muestra favorable a aplicar un 155 en Cataluña, va saliendo más información comprometedora para algunos dirigentes independentistas.

Dos cargos de la Generalitat, o que han formado parte de ella, no parecen dar a entender mediante los hechos que sigan el planteamiento lingüístico del gobierno catalán. Concretamente, tienen hijos matriculados en escuelas concertadas públicas donde se aplica el multilingüismo. Por lo tanto, es en centros como Frederic Mistral de Barcelona, Montessori Palau de Girona y Liceo Italiano.

Recientemente, Casado ha aterrizado en Barcelona dispuesto a marcar los próximos pasos en la batalla, ya ‘per se’ politizada, sobre la inmersión lingüística y el castellano en las aulas. El líder del PP ha lanzado dos mensajes: uno al Gobierno y otro a la Generalitat. Al presidente Pedro Sánchez le ha exigido que inicie los trámites para aplicar el artículo 155 en Cataluña y que suspenda la autonomía catalana, y al jefe del Govern, Pere Aragonès, le ha alertado de que emprenderá la vía penal contra él y contra el ‘conseller’ d’Educació, Josep González-Cambray, si no acata la sentencia del TSJC que exige un 25% de castellano en las aulas.

“Que se atengan a las consecuencias. Cuando un represente público incumple la ley, se enfrenta a las penas que prevé el Código Penal. Si un responsable público incumple una resolución judicial, está incurriendo en un delito de desobediencia y, en el momento en el que fuera requerido para cumplirlo, puede cometer un delito prevaricación. En el Govern deberían saber que el Estado de Derecho en España funciona y que quien incumple la ley acaba, si un juez lo decide, en la cárcel”, ha defendido ante los periodistas tras reunirse con entidades en defensa del bilingüismo en las escuelas catalanas.

“Se ha recordado mucho el caso de Ruby Bridges en Misisipi en 1960, se ha recordado menos que dos años después el presidente Kennedy tuvo que mandar a las tropas federales en 1962 para escoltar a los alumnos en la universidad frente a la segregación racial que el gobernador de ese estado seguía planteado”, planteó.

Por su parte, Vox avisa de que la fomación denunciará al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y a Gonzàlez-Cambray, por el caso de “acoso y derribo” a la familia y al menor de Canet de Mar , ue piden que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de que haya un 25% de catalán en su escuela