División

La complicada geometría de Aragonès: enfrentado a casi todos en el Parlament

Los republicanos presionan para recomponer relaciones con los comunes tras el revolcón de la reforma laboral, mientras Junts y la CUP se enzarzan en una guerra por la gestión de Borràs

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el pleno extraordinario del Parlament de esta semana
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el pleno extraordinario del Parlament de esta semanaToni AlbirAgencia EFE

La semana política, con el sainete de la reforma laboral en el centro, ha dejado importantes heridas que deben cicatrizar y lecciones por aprender también en Cataluña. El tablero ha sufrido una pequeña sacudida después de que los comunes de Ada Colau ejercieran su fuerza para tratar de proteger a Yolanda Díaz y amenazaran a Esquerra con retirar su apoyo a Pere Aragonès si finalmente se oponía a la reforma laboral.

Un órdago que ha coincidido con el enfrentamiento abierto por el caso Juvillà -la inhabilitación de un diputado de la CUP por orden de la Junta Electoral-, con Laura Borràs y su caótica gestión en el centro de todas las críticas, también de republicanos y antisistema. Una suerte de todos contra todos para empezar un año preelectoral y decisivo para Esquerra al frente de la Generalitat.

Los republicanos quieren tender puentes con los comunes y buscan recomponer relaciones tras el distanciamiento por la reforma laboral. “A partir de hoy mismo debemos volver a hablar. Tenemos muchas cosas que hacer juntos. Pero sin amenazas”, ha defendido este domingo el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián en una entrevista en el diario “Ara”.

En los últimos meses, el partido morado se ha convertido en el nuevo socio del Govern tras la aprobación de los presupuestos para 2022 y el Ejecutivo cuenta con por poder seguir sumando su apoyo especialmente para temas sociales -como la ley de emergencia habitacional o las renovables- en el Parlament.

Y es que el distanciamiento del gabinete de Pere Aragonès con la CUP es notorio, palpable e incluso más hondo de lo que se podía prever tras una semana especialmente convulsa: los antisistema han plantado al president en una reunión en el Palau de la Generalitat y se han enfrentado públicamente a Laura Borràs en la cámara por el citado caso Juvillà. Es decir, han mostrado sus discrepancias tanto con ERC como con Junts en una nueva escenificación de la ruptura del independentismo.

Con los nueve escaños de la CUP más enclavados en la oposición, esta semana el Parlament abordará una de sus asignaturas pendientes: la renovación de cargos de varios organismos públicos que el independentismo ha pactado con el PSC al ser necesaria una mayoría de dos tercios de la cámara. Así, el pleno incluirá la votación de dos miembros del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (Conca), y también de la Sindicatura de Cuentas, del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) y de la Agència Catalana de Protecció de Dades, que se abordarán en audiencia en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) el lunes.

También incluirá la sesión de control al Govern y a su presidente, Pere Aragonès, el miércoles a las 9 horas, y también el debate sobre la proposición de ley de creación del Centre Català d’Empresa i Drets Humans -que apoyan PSC, ERC, Junts, CUP y comunes- y una comisión de estudio que impulsa Junts sobre “la deuda histórica del Estado”.

Discrepancias y caminos dispares con la ANC

También esta semana, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha constatado una “gran discrepancia” con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la estrategia independentista y en la apuesta por la mesa de diálogo, y ha afeado al Govern no tener un plan para hacer la independencia.

Lo ha dicho en rueda de prensa tras reunirse en el Palau de la Generalitat con el presidente del Govern, Pere Aragonès, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, en la ronda de contactos que ha iniciado el jefe del Ejecutivo catalán para rehacer la unidad independentista. Por tanto, los caminos siguen alejados y el independentismo sigue dividido y sin hoja de ruta común un año después del 14-F.