Denuncian coacción separatista a alumnos para que sigan la huelga contra el 25% del castellano

El independentismo, con el apoyo de la Generalitat, busca paralizar este miércoles las clases para mostrar su rechazo a la sentencia del español

Varias personas durante una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas.
Varias personas durante una manifestación contra el establecimiento de un 25% de castellano en las escuelas catalanas. FOTO: David Zorrakino Europa Press

El independentismo tiene este miércoles una cita importante para salvar la inmersión lingüística: ha convocado una huelga para protestar contra la sentencia del 25% de castellano en las aulas catalanas, que tendría que aplicarse a partir del lunes, según el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Govern no tiene intención de obedecer y, para dar sensación de fuerza, se ha apoyado en entidades y sindicatos para organizar un paro de las clases. Y, para que tenga éxito ese paro, han optado por todo tipo de instrumentos: entre ellos, la coacción, tal y como denuncian entidades constitucionalistas a través de distintas familias.

En este sentido, según reseñan, ha habido colegios que envían comunicados a los padres para hacer constar que harán huelga y animar las protestas; hay un instituto de la comarca del Baix Llobregat que ha reenviado la carta de uno de los sindicatos independentistas que convocan la huelga defendiendo la inmersión lingüística; o, alumnos que se han organizado y van por las clases de las escuelas y preguntan quién está de acuerdo y quién no con la huelga, creando listas.

Consultada por este diario, Ana Losada, explica que han recibido llamadas de directores y profesores defendiendo que se aplique la sentencia del 25%. Es decir, ni mucho menos todos los profesionales de la educación están alineados por el independentismo, pero también es verdad que muchos de ellos tienen muchas dificultades para exponer sus posicionamientos de forma pública por la presión del nacionalismo y porque se juegan sus puestos de trabajo (los directores dependen directamente de la conselleria de Educación y muchos de los profesores son interinos).

Losada, en cualquier caso, da por hecho que la Generalitat desobedecerá la sentencia y advierte de que ya han cosechado más de 1.200 demandas para llevar a los tribunales a partir del lunes. Con las demandas, pretenden forzar al Govern a aplicar la sentencia del 25% de castellano.

De hecho, la Generalitat se sumará activamente a la huelga convocada por la COS, la Intersindical, el SEPC y USTEC en contra del bilingüismo e incluso organizará un acto a las puertas del Parlament, mientras ultima una argucia legal en forma de decreto –que no verá la luz hasta dentro de 8 meses o un año– para esquivar el fallo.

En concreto, el consejero de Educación Josep González Cambray (Esquerra) ha anunciado este martes que el Ejecutivo desplegará una nueva normativa para «fortalecer el modelo lingüístico y dotar de más seguridad los proyectos lingüísticos de los centros educativos» sin porcentajes lingüísticos. Un nuevo paraguas jurídico para desarrollar la ley de educación de Cataluña y del que poco se sabe más allá de su voluntad final: fortalecer e incrementar el catalán y exhibirlo como aval ante la justicia para sortear el 25% de castellano: «Responderemos a los tribunales con este nuevo marco normativo», ha advertido el dirigente tras confirmar que no pedirá a los centros que mientras tanto ajusten sus proyectos lingüísticos a la legalidad. Es decir, que no aplicará la sentencia del TSJC.

Todo a cinco días de que termine el plazo para fijar una clase más en castellano que la propia de lengua. Sin embargo, y pese a anunciarlo ahora, el decreto que el Govern quiere usar como escudo para evitar el 25% no estará listo hasta dentro de casi un año (8-12 meses), por lo que la incógnita sobre qué ocurrirá mientras tanto sigue. De momento, el Ejecutivo de Aragonès ha asegurado que recurrirá si el tribunal dicta la ejecución forzosa del fallo tras la petición de las familias. Es decir, gana tiempo a la espera de alumbrar su nuevo marco normativo, la argucia con la que busca sortear el bilingüismo.

Y de las palabras de Cambray se pueden extraer algunas conclusiones del decreto: la Generalitat no pedirá ni vigilará que se cumpla el fallo –«el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía», repitió el consejero en varias ocasiones descartando «cualquier porcentaje»-; y abre la puerta tímidamente a flexibilizar el uso de las lenguas, pero lo hace en función del entorno de cada centro, de sus características, del modelo imperante y siempre a favor del catalán. «La presencia del catalán se incrementará en relación con la actual», avisó.

Sí se sabe a cuentagotas la estrategia que seguirá el Govern: abrirá una consulta pública previa de un mes para lograr “un amplio consenso político, social y pedagógico” a través de las aportaciones del sector con el objetivo de armar su argumentario; y luego sumará al Consell Lingüístic Assessor, una suerte de sanedrín creado expresamente por el propio Ejecutivo para blindar la inmersión, el sistema tumbado por la justicia a favor del bilingüismo.