El Govern esquivará el 25% del castellano con un decreto sin porcentajes lingüísticos

Ofensiva de la Generalitat contra el castellano en las aulas en plena recta final para cumplir con la sentencia que obliga a impartir el 25% -una asignatura más que la propia de lengua- en español. El plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña termina este viernes 25 de marzo, el lunes es el primer día en que la orden debe entrar en vigor en todo el sistema educativo y el Govern activa su plan para plantar cara y esquivar su cumplimiento: mañana se sumará a la huelga convocada por la COS, la Intersindical, el SEPC y USTEC en contra del bilingüismo e incluso organizará un acto a las puertas del Parlament, mientras ultima una argucia legal en forma de decreto -que no verá la luz hasta dentro de 8 meses o un año- para esquivar el fallo.

En concreto, el consejero de Educación Josep González Cambray (Esquerra) ha anunciado que el Ejecutivo desplegará una nueva normativa para “fortalecer el modelo lingüístico y dotar de más seguridad los proyectos lingüísticos de los centros educativos”.

Un nuevo paraguas jurídico para desarrollar la ley de educación de Cataluña y del que poco -o nada- se sabe más allá de su voluntad final: fortalecer e incrementar el catalán y asegurar que los estudiantes que terminen la etapa obligatoria lo hagan con las competencias adquiridas en ambas lenguas como escudo ante la sentencia judicial a favor del 25% de castellano en las aulas. “Responderemos a los tribunales con este nuevo marco normativo”, ha advertido el dirigente tras confirmar que no pedirá a los centros que ajusten sus proyectos lingüísticos a la legalidad.

Todo a cinco días de que termine el plazo para fijar una clase más en castellano que la propia de lengua. Las familias, a través de una Escuela de Todos, preparan una ofensiva y suman ya 1.000 demandas para pedir el 25% y su ejecución forzosa la semana que viene, cuando se haya acabado el plazo del TSJC. Sin embargo, y pese a anunciarlo ahora, el decreto que el Govern quiere usar como escudo para evitar el 25% no se aprobará hasta dentro de casi un año, por lo que la incógnita sobre qué ocurrirá mientras tanto sigue.

De momento, el Ejecutivo de Aragonès ha asegurado que recurrirá si el tribunal dicta la ejecución forzosa del fallo tras la petición de las familias. Es decir, gana tiempo a la espera de alumbrar su nuevo marco normativo, la argucia con la que busca sortear el bilingüismo.

Y de las palabras de Cambray se pueden extraer algunas conclusiones del decreto: la Generalitat no pedirá ni vigilará que se cumpla el fallo -”el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes, va de pedagogía”, ha repetido el consejero en varias ocasiones descartando “cualquier porcentaje”-; y abre la puerta tímidamente a flexibilizar el uso de las lenguas, pero lo hace en función del entorno de cada centro, de sus características, del modelo imperante y siempre a favor del catalán. “La presencia del catalán se incrementará en relación con la actual”.

El conseller ha añadido que la nueva normativa dará cumplimiento a la Ley de Educación de Cataluña (LEC), con el despliegue de su título segundo -el que hace referencia a la lengua- y se iniciará con una consulta pública previa durante un mes a partir del portal de transparencia a la comunidad educativa. Por tanto, la Generalitat busca el respaldo de la comunidad educativa a favor del modelo de la inmersión para esquivar la sentencia.

En paralelo, desde el Govern se suman “a las movilizaciones de mañana en favor de la inmersión lingüística con acciones de apoyo a las puertas del Parlament con los diputados que lo deseen para defender el modelo de escuela catalana”.