Los fiascos judiciales de Colau: los 5 proyectos que ha tumbado la Justicia

El gobierno municipal de Ada Colau se ha llevado esta semana otro duro revés de la justicia con la Zona de Bajas Emisiones, uno de los proyectos estrella de la legislatura anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Pese a trazar un frente común con la Generalitat y a anunciar una batería de recursos, la alcaldesa se enfrenta ahora a un aluvión de reclamaciones por las multas impuestas en un periplo lleno de interrogantes.

Sin embargo, la ZBE no es ni el primero ni seguramente el último gran proyecto de Colau paralizado por la Justicia. A lo largo de sus dos mandatos, la exactivista se ha topado en numerosas ocasiones con los tribunales y se han disparado de forma notable los casos del Ayuntamiento de Barcelona amontonados en sede judicial. La moratoria hotelera, las multiconsultas, el dentista municipal, la colocación del busto del Rey en la sala de plenos y la tasa de viviendas vacías son solo algunos de los varapalos que suma el Consistorio.

Prohibición hotelera

Una de las primeras ofensivas del Gobierno de Colau. En 2017 el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha el Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (Peuat) de Barcelona, el armazón para prohibir la apertura de nuevas plazas en el centro de la ciudad. Sin embargo, dos años más tarde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) lo anuló alegando inexistencia de evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar en ejecución del planteamiento. En este caso, el Consistorio logró blindar su cuestionada política turística con una segunda versión -la que está vigente- que corregía varios aspectos de la primera. Entre ellos, incluyó una memoria económica y dio marcha atrás en la obligatoriedad de que aquellos hoteles que hicieran una gran reforma redujeran un 20% las plazas.

Multiconsultas

Sin duda, una de las grandes señas de identidad de la alcaldesa que pronto se dio de bruces con la justicia. En noviembre de 2019, el TSJC anuló el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona -que preveía las consultas y multiconsultas- porque no explicitaba que había que pedir permiso al Gobierno español para aprobar este tipo de iniciativas. Y el año pasado, el Supremo rechazó admitir a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la sentencia que anuló el reglamento de participación ciudadana. Como respuesta, el Consistorio ha elaborado otro reglamento, aprobado en comisión y pendiente del pleno, que a la práctica no está previsto que pueda aplicarse de inmediato.

Dentista municipal

Promesa y señuelo electoral de Barcelona en Comú, el partido de la alcaldesa. El juzgado contencioso administrativo número 7 anuló el proyecto de dentista municipal impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona dirigido a toda la ciudadanía con precios entre un 10% y un 40% por debajo del precio de mercado. Es decir, el tribunal concluía que el Consistorio no tiene competencias para la materia. El caso sigue judicializado.

Tasa a los pisos vacíos

Tumbada por el TSJC y ratificada por el Supremo. Colau también se ha llevado un revés judicial en materia de vivienda, su terreno como activista antes de acceder a la alcaldía de Barcelona. El alto tribunal confirmó la nulidad de la tasa que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en 2016 para gravar las viviendas que lleven más de dos años sin inquilino. Entre otros argumentos, concluye también que el Consistorio carece de competencias y es la Generalitat quien las tiene en exclusiva, un aspecto recogido por el Estatut. El TSJC dio la razón a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (Sareb) en su recurso contra la modificación de dicha tasa municipal, que fue aprobada el 30 de septiembre de 2016.

Busto del Rey

Los gestos y desplantes contra la Monarquía han sido otra de las constantes del Gobierno de Colau desde que llegó al Ayuntamiento de Barcelona. Una de las primeras ofensivas que protagonizó fue retirar el busto del Rey del salón de plenos, una polémica imagen que los tribunales enmendaron años después. En verano pasado, el Supremo obligó al consistorio a colocar la imagen de Felipe VI al ser una “norma básica” que deben cumplir todos los ayuntamientos. Ahora, la efigie del Rey vuelve a colgar del salón de plenos del Ayuntamiento. Eso sí, en un cuadro discreto y en uno de los laterales de la sala: el retrato tiene un tamaño de 30 centímetros de ancho por 40 de altura, según parece, el mínimo indispensable.