La ley para burlar la sentencia del 25%, bloqueada en el Parlament en plena cuenta atrás para su cumplimiento

El armazón jurídico que el independentismo ha tratado de levantar para responder al 25% de castellano, una ley pactada con los Comunes y el PSC aún pendiente de aprobación, ha quedado en suspenso y no se votará este viernes en plena cuenta atrás para el cumplimiento de la sentencia, el próximo martes 31.

El bloqueo ha llevado a aplazar la votación prevista después de que ERC y Junts se enredaran en una lucha fratricida durante semanas que ha terminado con los partidos atando la nueva norma en el último momento y a trompicones. Y ahora, en un nuevo giro de guion, PP, Ciudadanos y Vox han recurrido al Consejjo de Garantías Estatutarias -algo así como el TC catalán-, que deberá dictaminar si se ajusta o no al Estatut y a la Constitución.

Un alambicado proceso parlamentario que, a la práctica, provoca que la cámara haya pospuesto la aprobación de la ley hasta tener el dictamen correspondiente, con el independentismo cruzando los dedos para que llegue antes del martes que viene.

En el texto, presentado este jueves por la tarde por PP, Cs y Vox, los tres partidos aseguran que la proposición de ley vulnera los artículos 3.1, 3.2 y 27 de la Constitución y el artículo 6 y el 35 del Estatut de Cataluña -sobre lenguas cooficiales y libertad educativa- así como la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del 16 de diciembre del 2020 que fija un 25% de castellano en la escuela.

En concreto y según el escrito registrado por los tres partidos, “la proposición de ley es inconstitucional y contraria a los dictados de los tribunales por no recoger el castellano como lengua vehicular y no garantizar en modo alguno que todos los alumnos van a recibir de forma efectiva e inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular del castellano, en porcentaje no inferior al 25%”.

Como consecuencia, el pleno no proseguirá mañana tal y como estaba previsto a las 12:30 horas para votar precisamente la aprobación definitiva de la ley, sino que queda “suspendido” hasta que a la cámara le llegue el informe del Consejo de Garantías. Los miembros del organismo disponen legalmente de siete días para elaborar el dictamen desde que se pronuncian sobre la admisión de la petición de informe -este jueves por la tarde- aunque el veredicto -no vinculante, pero indispensable para llevar la normativa a pleno- podría llegar antes ya que la ley únicamente cuenta con dos artículos y seis páginas entre preámbulo y disposiciones adicionales.

La norma de PSC, ERC, Junts y Comunes no fija porcentajes lingüísticos como ordena la justicia, sigue blindando el catalán como lengua “vehicular” y “propia de Cataluña” y sitúa el castellano como idioma “de uso curricular” y no «de aprendizaje», como así pedían los socialistas.

Es decir, el catalán es vehicular, el castellano de uso curricular y la presencia de ambas lenguas oficiales estará supeditada a “la situación sociolingüística de los centros, de su entorno o de los objetivos de normalización lingüística”, por lo que esquiva la sentencia del 25% ordenada por el TSJC.

El ultimátum fijado por la justicia termina el próximo martes 31, último día hábil para que el Govern dé instrucciones claras a los directores de centros escolares. Y podría hacerlo sin tener aún aprobada la ley que quería presentar como aval ante el TSJC para justificar su respuesta a la sentencia.

De hecho, los partidos planean incluso forzar un pleno extraordinario el propio martes por la mañana para aprobar la norma si llega el dictamen del Consejo de Garantías, aunque podría retrasarse y vencer el plazo sin la ley. Justo después de que el Parlament dé luz verde a la nueva normativa, la Generalitat se reunirá de forma extraordinaria para aprobar un decreto con el que reforzar su oposición a la sentencia del 25%.