La eutanasia al pistolero de Tarragona será el 23 de agosto

El Constitucional rechaza los últimos recursos con los que las víctimas querían paralizar su muerte asistida para que se enfrentara a juicio

El pistolero de Tarragona
El pistolero de Tarragona FOTO: Google

Inminente eutanasia al conocido como pistolero de Tarragona: el Consorcio Sanitario de Terrassa (Barcelona) ha programado para el 23 de agosto la eutanasia a Eugen Sabau, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado los últimos recursos con los que las víctimas pretendían paralizar su muerte asistida para que se enfrentara a juicio.

Sabau entró en un local de su empresa en la capital tarraconense -una conocida compañía de seguridad-, disfrazado con una peluca de mujer y disparó a varios de sus compañeros tras haber sido despedido. En su huida también atacó a algunos agentes de los Mossos d’Esquadra antes de atrincherarse en una casa abandonada con varias armas e incluso un chaleco antibalas.

El pistolero fue reducido al cabo de unas horas por una unidad especial del cuerpo policial. Tras el asalto, quedó tetrapléjico y permanece desde diciembre ingresado en el hospital penitenciario de Terrassa en estado grave.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe este viernes, la sala de vacaciones del TC ha acordado no admitir a trámite el recurso que interpusieron algunas de las víctimas contra la resolución de la Audiencia de Tarragona, que el pasado 4 de agosto autorizó la eutanasia para el pistolero de Tarragona. Por tanto, el pistolero de Tarragona recibirá la muerte asistida en diez días.

En su resolución, el Constitucional considera que en este caso se da una “inexistencia” de violación de derechos fundamentales, que es la condición para que el tribunal de garantías pueda intervenir, por lo que le ha dado carpetazo al asunto al no apreciar la “trascendencia constitucional” que condicionaría su admisión.

Paralelamente, la dirección del Consorcio Sanitario de Terrassa comunicó ayer al Juzgado de instrucción 5 de Tarragona, que es el que lleva el caso, que, una vez la Audiencia de Tarragona ha avalado la eutanasia, están realizando las “gestiones oportunas” para que la prestación del “servicio de ayuda para morir” se pueda llevar a cabo el martes 23 de agosto, dentro de 10 días.

La vía del TC era la última puerta abierta para las víctimas para tratar de evitar la eutanasia del pistolero y que se pudiera celebrar el juicio, lo que, en caso de sentencia condenatoria, les permitiría ser indemnizados.

Sin embargo, en el caso del agente de los Mossos d’Esquadra que resultó herido, dada su condición de funcionario, existe la posibilidad de que, aunque no haya ni juicio ni sentencia, sea finalmente la Generalitat quien acabe asumiendo la indemnización por las lesiones sufridas en acto de servicio, ya que hay jurisprudencia que avala que sea la administración quien la abone en caso de que los agresores hayan fallecido.

En este caso, el abogado José Antonio Bitos, que representa en nombre del sindicato USPAC al agente de los Mossos d’Esquadra herido, ha anunciado que cuando se lleve a cabo la eutanasia, programada para el próximo 23 de agosto, inmediatamente iniciará los trámites para que sea la Generalitat la que asuma la indemnización que le corresponda.

La Audiencia de Tarragona confirmó el pasado 4 de agosto el derecho de Sabau, que tras el asalto quedó tetraplégico, a recibir la eutanasia, al desestimar los recursos de varias de sus víctimas, que recurrieron sin éxito ante el Constitucional para que se paralizara el proceso.

Según la Audiencia, en este caso “debe preponderarse el derecho a la dignidad y a la integridad física y moral del investigado frente al derecho a la tutela judicial efectiva de los denunciantes”.

La Audiencia reconoció que Sabau, que había solicitado la eutanasia, ya que quedó herido grave tras el asalto, causó “un dolor y un daño físico y moral en las víctimas” y calificó de “razonable” la “expectativa” de una “posible condena penal”.

Para avalar la eutanasia, la Audiencia de Tarragona también argumentó que la Comisión de Evaluación y Garantías la autorizó y apuntó que aplazarla por un juicio supondría “una intolerable afectación a su dignidad y a su integridad física y moral, inherentes a la persona”.