Luz verde a la eutanasia del pistolero de Tarragona

Marin Eugen Sabau, el vigilante de seguridad que disparó contra sus ex compañeros de trabajo de la empresa Securitas, en Tarragona, podrá morir dignamente. Así lo han valorado los expertos de la Comissió de Garantia i Evaluació, organismo que depende de la Generalitat y que se encarga de estudiar las peticiones de eutanasia. La comisión ha dado el último aval a la muerte asistida del ex vigilante de seguridad, que resultó gravemente herido después de ser neutralizado por los Mossos d’Esquadra en una masia de Riudoms.

Según el informe al que ha accedido el medio de comunicación, los expertos del departamento de Salud consideran que el acusado cumple todos los requisitos: vive con un sufrimiento físico grave, crónico e imposibilitador y es consciente.

La decisión de la comisión se alinea con la que han tomado hasta ahora los médicos de Sabau y también la justicia. Cabe recordar que las víctimas, entre ellas dos agentes de los Mossos d’Esquadra, han recurrido pidiendo que se parara el proceso de eutanasia para poder juzgar al hombre que les intentó matar.

Los hechos se remontan al 14 de diciembre del año pasado, cuando Sabau disparó contra sus excompañeros en la oficina de la calle Unió. Se fugó del lugar, hirió a dos Mossos, y después se atrincheró armado en una masía abandonada en Riudoms, Sabau fue neutralizado por la policía. A consecuencia de los tiros, el conocido como pistolero de Securitas sufre una tetraplejia irreversible. Los médicos le diagnosticaron una fractura vertebral con lesión medular, fracturas en los brazos y en una pierna, que acabaron amputándole.

Según el informe de la Comisión, Sabau es «totalmente dependiente para las actividades básicas de vida viaria» y necesita «asistencia continuada y curas complejas». A pesar de que siente un fuerte dolor, los médicos no pueden sedarlo porque no está bastante estable.

Los hechos se remontan al pasado 14 de diciembre, cuando Sabau –vecino de Alcover y de 46 años–, accedió, vestido de mujer, a la sede del Securitas de la Plaça de la Mitja Lluna de Tarragona. Hacía unos meses que había sido despedido por la empresa y ya había amenazado a sus compañeros. Ese día, disparó varios tiros contra el gerente de la compañía y otros trabajadores, dejándoles heridos.

Después, Sabau huyó y disparó contra un agente de los Mossos, que le identificó. Finalmente se atrincheró en una masia abandonada de Riudoms, y los GEI montaron un dispositivo para detenerle. La vía de negociación fracasó y Sabau siguió disparando, hasta que acabó cayendo por los disparos de respuesta de los agentes.

En el suceso resultaron heridos tres empleados de la empresa de seguridad y dos agentes de los Mossos, durante su huida. En el tiroteo en la masía, Marin Eugen fue abatido y conducido en estado crítico en un helicóptero al hospital. De 46 años, sufre una lesión medular irreversible como consecuencia del impacto de una bala. Fue ingresado en un primer momento en el Valle de Hebrón de Barcelona y más tarde fue internado en prisión preventiva en el hospital penitenciario de Terrasa, donde solicitó la eutanasia. Según el equipo médico, reunía los requisitos para poder acabar con su vida de manera voluntaria.

En cambio, los dos mossos heridos en el intento de huida del pistolero recurrieron ante el juez la autorización de la eutanasia. Alegaron vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, reclaman que antes de morir sea juzgado por los delitos por los que se le acusa de tentativa de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas.

Precisamente, el juzgado 5 de Tarragona rechazó el recurso presentado por el abogado de los dos agentes y ha decidido que «no procede acordar el cese o la interrupción del proceso de la eutanasia».

La magistrada Sonia Zapater argumenta, en un auto del 6 de julio, que la ley que regula la eutanasia «no atribuye competencia alguna al juez instructor para decidir acerca del proceso de eutanasia». La decisión, remarca la jueza, «corresponde a los médicos» y a la Comisión de Garantía y Evaluación. «No existe ninguna previsión legal que permita a un juez instructor interferir en un proceso que está regulado en una ley orgánica en cuanto que afecta a derechos fundamentales», señala.

La magistrada entiende que podría producirse en este caso una «colisión de derechos fundamentales». Por un lado, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y a la autonomía personal de quien decide poner fin a su vida, frente al «derecho a un juicio justo» por parte de las víctimas.

La jueza advierte además a las víctimas que el derecho a un juicio justo no debe interpretarse como un «derecho al castigo». «Se comprende la desazón de las víctimas», señala.