Se disparan en Cataluña los menores con riesgo de pobreza

El Síndic de Greuges ha alertado del incremento del número de menores en situación de riesgo de pobreza en Cataluña, que entre 2016 y 2021 se ha incrementado un 14,9% pasando de 348.600 a 400.400.

Así se desprende del ‘Informe sobre los derechos del menor de 2022′ que este viernes la síndica, Esther Giménez-Salinas, ha entregado a la vicepresidenta primera en funciones de presidenta del Parlament, Alba Vergés, en el que critican que no se están abordando reformas estructurales necesarias en políticas de infancia.

Entre 2016 y 2021 también ha aumentado un 19,6% el número de menores con expediente abierto en la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) por situación de riesgo grave y la cifra total asciende a 6.456.

En el mismo periodo también ha subido un 64,2% la prevalencia de la privación material severa, un 94,3% el número de menores en estudio por posible situación de desamparo, un 51,3% las denuncias por violencia sexual con víctimas menores y un 8,2% las denuncias por violencia domestica en menores.

En el informe también remarcan el aumento del 3% del número de usuario de los servicios sociales, de los cuales una “buena parte” son familias con hijos a su cargo, así como que se ha doblado la probabilidad de los menores de sufrir un problema de salud mental, que ha pasado del 5,1% al 9,4%.

Giménez-Salinas ha pedido mejorar la cobertura de las políticas de transferencia de renta como la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) del Govern y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), así como facilitar su acceso a las personas que lo necesitan.

En este sentido la adjunta de infancia de la institución, Maria Jesús Larios, ha resaltado dos indicadores “muy preocupantes”: el 68,2% de los menores en situación de pobreza severa no recibe la RGC y el 38,6% no recibe ni RGC ni IMV.

También ha pedido promover un modelo de financiación de la educación infantil de primer ciclo condicionado a las características socioeconómicas del alumnado y de los entornos sociales de los centros, y desarrollar un plan de fomento de la equidad en el ocio educativo.

Otra de las reclamaciones de la síndica es garantizar la participación de los menores en situación de vulnerabilidad en todos los asuntos que les afectan, como incorporarles en el procedimiento de elaboración de normas que afectan su vida.

Bajo el título «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la Covid-19 en España», Cáritas y la Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de la Sociología Aplicada) ya avisaron en febrero ace dos semanas de la gravedad de la situación, en Cataluña y en el resto de España. Este informe es una radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia, y hoy se han presentados los datos concretos de esta comunidad autónoma. Tres de cada diez catalanes están en riesgo de exclusión social.

El informe alerta de que la cohesión social en nuestro país ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2, la covid-19.

Según la investigación –llevada a cabo por un equipo de más de 30 investigadores procedentes de más de diez universidades y entidades de investigación social—, la precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares de toda España, que dependen económicamente de una persona sustentadora principal que sufre inestabilidad laboral grave. Lo que significa que en el último año ha tenido: 3 o más meses de desempleo, 3 o más contratos diferentes, en 3 o más empresas distintas.

“Se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y trabajadores más pobres y menos realizados personal y socialmente”, señala el informe.

De esta manera, el 29,1% de la población catalana (2.258.000 personas) está en riesgo de exclusión social, por encima del 23% de la media estatal, según un estudio de la Fundación Foessa de Càritas con datos de 2021.