Guerra judicial por el “toque de queda” a las terrazas en Barcelona

El Ayuntamiento de Barcelona decidió resucitar este verano la guerra de las terrazas. Tras unos años de relativa paz, el Consistorio aprobó una controvertida medida que ha azuzado el fuego, una vez más, entre restauradores y administración. Para tratar de aplacar las quejas vecinales por el ruido nocturno, el gobierno municipal ha decidido recortar los horarios de las terrazas, que ya eran de los más restrictivos de España, en varias zonas sensibles como Ciutat Vella, Gràcia o la calle Enric Granados.

Así las cosas, desde este mismo fin de semana, las terrazas de la calle de Enric Granados tendrán que cerrar una hora antes. De esta manera, los ochenta locales con terrazas podrán abrir de las 8 h a las 23 h de domingo a jueves, y de las 8 h a las 0 h los viernes, sábados y vigilas de festivos. Pese a la reducción horaria, el decreto no contempla ninguna indemnización para los negocios. El decreto municipal también incluye avanzar el horario de cierre de las terrazas de dos plazas de Gràcia -la plaza del Sol y la plaza de la Revolució. Estos dos espacios se suman a las del Diamant y de la Vila de Gràcia, donde ya se aplica la modificación desde hace unas semanas.

El Gremio de Restauración de Barcelona, en este contexto, anunció ayer que recurrirá ante la justicia cualquier reducción horaria aplicada a las terrazas que apruebe el gobierno municipal. Los restauradores han criticado el modelo «toque de queda» impuesto del Ayuntamiento de Barcelona, al que acusan de no querer aplicar cambios quirúrgicos, como dicen, sino de «recortar el horario en todas partes». El gremio ha anunciado que pedirá también amparo al Síndic de Greuges «ante el alud de irregularidades que se han cometido durante la instrucción de los diferentes expedientes administrativos».

En el transcurso de este 2022, el Ayuntamiento recuerda que ha abierto un total de 150 expedientes en los establecimientos de restauración de la calle de Enric Granados. Más de 90 de estos expedientes son por incumplimientos de las terrazas, que representan el 21% de los expedientes de terrazas de todo el distrito del Eixample. «Esta es una calle donde no estamos viendo esa corresponsabilidad que pedimos al sector», se lamenta el concejal del Eixample, Enric González, quien, además, asegura que una parte del sector incumple la normativa «de forma reiterada y muy flagrante». «Sobre estos tendremos que actuar con toda la contundencia», concluye. En el caso de Enric Granados, del 1 de noviembre al 31 de marzo, el horario será de 8 a 0 horas cada día de la semana. Por tanto, los establecimientos perderán una hora de trabajo los viernes, sábados y vísperas de festivos. En cambio, del 1 de abril al 31 de octubre el horario de las terrazas será de 8 a 23 h de domingo a jueves y de 8 ha 0 h los viernes, sábados y vísperas de festivo. Es decir, habrá tijeretazo todos los días.

Sin embargo, en el caso de las plazas de Gràcia, el Ayuntamiento sí ofrece a los restauradores la posibilidad de añadir más tablas para compensar las posibles pérdidas económicas provocadas por los cambios de horario. En la plaza del Sol, podrán sumar dos por terraza, y en la plaza de la Revolució cada establecimiento podrá añadir una más.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se pronunció al respecto y pidió corresponsabilidad a los restauradores. «Barcelona ha sido generosa con el Gremio de Restauración, y ahora el gremio debe ser corresponsable del descanso de los vecinos y el cumplimiento de las normativas», afirmó. Y añadió: «Estamos favor de la restauración pero no a expensas de los descanso de los vecinos».

«La crítica del gremio es infundada. Los datos dicen exactamente lo contrario», dice Colau. A su juicio el Ayuntamiento ha dado «muchas facilidades» a los restauradores, especialmente durante la pandemia ampliando las terrazas y creando espacios provisionales, pero también después, manteniendo la reducción del 75% de la tasa municipal. «El apoyo creo que es indiscutible. Hemos salvado a miles de puestos de trabajo asociados a bares y restaurantes», sentenció. Por ello, alertó de que la medida que se ha aplicado en la calle de Enric Granados «no será la última» y que la obligación de la Administración es «defender el derecho de los vecinos».