El Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto la segunda convocatoria de licencias para bicicletas de uso compartido, conocidas como bicisharing, en un proceso que mantiene el mismo número de licencias que la adjudicación de 2020: un total de 3.975. De estas, se han asignado 3.478 de manera definitiva a siete de las ocho empresas que participaron en el concurso, tras acreditar el cumplimiento de todos los requisitos. La octava empresa dispone ahora de diez días hábiles para subsanar los defectos detectados y optar a la adjudicación definitiva.

En esta nueva convocatoria, el Ayuntamiento ha implementado exigencias más estrictas con el objetivo de garantizar el civismo y la convivencia en el espacio público. Una de las condiciones clave es asegurar que las bicicletas sean estacionadas exclusivamente en los aparcamientos en forma de "U invertida" habilitados en la ciudad. El incumplimiento de esta norma puede derivar en la retirada de los vehículos mal estacionados y, en casos graves, en la revocación de la licencia de la empresa responsable.

Las empresas adjudicatarias deberán también mantener un canal de comunicación constante con el Ayuntamiento para coordinar el buen uso de las bicicletas y del espacio público. Este esfuerzo busca promover una movilidad más sostenible y eficiente en la ciudad, reduciendo la congestión y mejorando la seguridad vial.

Condiciones de uso y objetivos de la regulación

Cada licencia tiene una vigencia inicial de dos años, prorrogable por dos años más si el Ayuntamiento lo considera oportuno. Las empresas deberán pagar una tasa municipal por cada licencia y garantizar que los vehículos tengan un número de identificación único visible.

Entre los principales objetivos de esta regulación destacan: proteger el espacio público, priorizar al peatón, fomentar la movilidad sostenible y reducir tanto las emisiones contaminantes como el ruido. Además, se busca evitar la concentración de flotas en zonas céntricas y promover un intercambio modal eficiente con el transporte público.

Para garantizar el cumplimiento de las normas, las empresas deberán facilitar en tiempo real la geolocalización de los vehículos, mantener seguros de responsabilidad civil activos y reubicar las bicicletas mal estacionadas en un plazo máximo de 24 horas.

Sanciones y medidas por incumplimiento

El Ayuntamiento podrá imponer sanciones económicas de hasta 750 euros por el uso indebido del espacio público. Asimismo, podrá incautar la garantía económica depositada por las empresas, equivalente al 10% de la tasa total por sus vehículos, en caso de incumplimientos reiterados. También se contempla la revocación de licencias si no se despliegan las flotas dentro del plazo establecido o si estas no se utilizan durante más de 30 días consecutivos.