
Debate de Política General
Eliminar el lenguaje inclusivo, expulsar inmigrantes o avalar un referéndum: las propuestas más polémicas que se debaten hoy en el Parlament
También se debatirá una ley antiokupas y acabar con subvenciones a entidades que promueven el aborto o la eutanasia

Después de dos jornadas en las que Salvador Illa expuso su visión de Cataluña y delineó las líneas maestras de su mandato, y en las que la oposición le suspendió simbólicamente su primer año de gobierno, este jueves el Parlament celebra la tercera y última sesión del Debate de Política General. Es el turno de las propuestas de resolución, el momento en que los grupos trasladan al pleno sus compromisos y banderas ideológicas, desde el referéndum hasta el fin del lenguaje inclusivo o la expulsión de inmigrantes, pasando por muchas otras propuestas.
Vox: expulsiones, recentralización y fin de las leyes de género
El grupo de Ignacio Garriga ha registrado propuestas alineadas con el discurso de su formación. Reclama poner fin inmediato a las reuniones con Carles Puigdemont y colaborar con la justicia para su entrega, así como derogar la ley de amnistía. También plantea suprimir subvenciones a entidades que promuevan el aborto o la eutanasia y eliminar la perspectiva de género y leyes como las de cambio climático o memoria histórica.
En materia lingüística, Vox propone eliminar el requisito del nivel C1 de catalán para acceder a la función pública y establecer el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. En inmigración, exige expulsar a extranjeros que no se integren, a inmigrantes ilegales y a los legales que cometan delitos graves, además de prohibir el velo islámico en espacios públicos y reconocer el islamismo como una amenaza.
El partido también pide devolver al Estado las competencias de Interior, Justicia, Sanidad y Educación, eliminar los impuestos propios de Cataluña y modificar la Constitución para acabar con el régimen foral del País Vasco y Navarra.
PP: ley antiokupa, reprobación del Govern y orden público
El Partido Popular catalán centra sus resoluciones en la crítica a la gestión de Salvador Illa. Acusa al Govern de “debilidad” y de abusar de los decretos ley, y pide su reprobación. En materia de seguridad y vivienda, reclama impulsar una ley “antiokupa”, reforzar la actuación ante denuncias de usurpación y garantizar la recuperación rápida de inmuebles ocupados.
En política migratoria, los populares abogan por una inmigración “legal, controlada y ordenada”, vinculando las ayudas sociales al cumplimiento de obligaciones de integración. También reclaman que se acelere el retorno a sus países de origen de los menores no acompañados que cometan delitos o no muestren voluntad de integración. En el plano económico, el PP propone suprimir los impuestos de Sucesiones y Patrimonio y reformar el tramo autonómico del IRPF.
En materia de infraestructuras defienden ejecutar el Cuarto Cinturón y el Hard Rock y trabajar para poder celebrar eventos como la Ryder Cup, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno.
Aliança Catalana: arraigo, moratoria migratoria y fin del lenguaje inclusivo
La formación de Sílvia Orriols ha llevado al Parlament un conjunto de propuestas que apuntan directamente al discurso identitario y de orden. Reclama revisar los criterios de acceso a la vivienda pública incorporando el grado de arraigo como factor de valoración y crear un registro de arraigo territorial. También pide decretar una moratoria a la entrada de inmigración para, según sostiene, proteger la lengua catalana, reducir el paro y garantizar una integración “real, efectiva y sostenible”.
En el terreno educativo, Aliança Catalana ha propuesto “evitar el uso del lenguaje inclusivo” en los centros públicos y dependientes, quitándolo de materiales didácticos, comunicaciones y documentos administrativos, con el objetivo declarado de respetar las normas gramaticales del catalán. En materia de seguridad, exige reforzar la actuación del personal penitenciario con herramientas de defensa personal y mejorar la disciplina en las cárceles, además de extender el Plan Kanpai de los Mossos d’Esquadra contra la reincidencia fuera del área metropolitana de Barcelona.
Orriols también ha solicitado la reapertura de la delegación catalana en Israel y la condena del atentado de Hamás de 2023, así como revisar los fondos de cooperación internacional. En infraestructuras, pide la “plena operatividad” del aeropuerto de Lleida-Alguaire y la llegada del tren de alta velocidad al recinto, además de paralizar la implantación de nuevas Zonas de Bajas Emisiones y anular las ya existentes.
Junts: el referéndum, la amnistía y el déficit fiscal
Junts ha presentado una propuesta que busca que el president Illa avale la celebración de un referéndum de autodeterminación en el marco de la negociación con el PSOE en Suiza. El texto reproduce literalmente el llamado pacto de Bruselas y defiende que, “fruto de la realidad histórica”, se plantee dicha consulta para resolver el conflicto político.
El partido de Carles Puigdemont quiere que el Parlament inste al Gobierno español a aplicar “de manera inmediata y efectiva” la ley de amnistía y a reconocer que Cataluña es una “nación”. También propone la incorporación de Catalunya como miembro asociado de la Unesco, el reconocimiento oficial de las selecciones deportivas catalanas y la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.
En el plano económico, Junts reclama un sistema de financiación en forma de concierto, la rebaja del IRPF y la supresión del impuesto de Sucesiones. Exige la publicación de las balanzas fiscales y cifra el déficit catalán en 22.000 millones. Además, pide que el acceso a la vivienda protegida requiera diez años de empadronamiento, el traspaso integral de Rodalies, la reprobación del presidente de Aena, Maurici Lucena, y que se bloquee cualquier validación de la OPA del BBVA si no cuenta con el apoyo de al menos el 50% del capital del Banc Sabadell.
ERC: financiación singular, salario mínimo catalán y condena a Israel
Los republicanos insisten en la negociación bilateral de un nuevo sistema de financiación “singular” para Cataluña y en la condonación parcial de la deuda con el Estado. También piden impulsar un salario mínimo catalán de 1.420 euros en 14 pagas y un plan de rehabilitación de viviendas dotado con 2.600 millones hasta 2030.
ERC propone la gratuidad del comedor y de las actividades extraescolares a partir del curso 2026-2027 y mantener las bonificaciones del transporte público ante el “caos” de Rodalies. En política exterior, llama a condenar tanto “el genocidio del pueblo palestino como la actuación del Estado de Israel” contra la Global Sumud Flotilla. En lengua, los republicanos quieren que el catalán sea un requisito, no un mérito, para jueces y juezas que trabajen en Cataluña.
Comuns: tasa a grandes fortunas y boicot a Israel
Los Comuns han centrado sus resoluciones en la vivienda, la fiscalidad y los derechos sociales. Proponen prohibir las compras especulativas de vivienda y aplicar la llamada tasa Zucman, un impuesto del 2% sobre los patrimonios superiores a 100 millones de euros. También plantean blindar el derecho al aborto en el Estatut, doblar los recursos contra la violencia machista y reducir la jornada laboral a 37,5 horas.
En el ámbito internacional, piden que el Govern excluya a Israel de cualquier contrato público y de eventos culturales o deportivos, citando expresamente la Euroliga y el Tour de Francia 2026. Además, exigen que se aplique de inmediato la ley de amnistía y que Cataluña asuma más competencias y recursos en un modelo de financiación singular.
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