El Estado declara ilegal la condena contra Lluís Companys

Era una vieja demanda solicitada desde diferentes gobiernos de la Generalitat en los últimos años. Finalmente esa petición se ha materializado. El Estado, a través del Gobierno, reconoció finalmente que el presidente de la Generalitat Lluís Companys, fusilado por el régimen franquista el 15 de octubre de 1940, fue víctima de «persecución por razones políticas e ideológicas». Por ese motivo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez declaró como «ilegal e ilegítimo» el consejo de guerra sumarísimo que lo juzgó, así como la posterior sentencia que lo condenó a morir ante el pelotón de ejecución.

A raíz de las diferentes peticiones que el último Govern de Pere Aragonès ha realizado, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno hizo llegar a la conselleria de Justicia una declaración de reconocimiento y reparación personal hacia la figura de Companys, en la que se afirma que el político asesinado fue «represaliado» por el hecho de ser el presidente de la Generalitat.

La declaración de reparación del Gobierno considera «ilegítimas y nulas las condenas del consejo de guerra y las sentencias emitidas por estos y otros tribunales contra el presidente» de la Generalitat, una historia que empezó el 13 de agosto de 1940 cuando la Gestapo detuvo a Companys en la localidad francesa La Baule-les-Pins donde se había exiliado tras el final de la Guerra Civil. El policía Pedro Urraca fue el encargado de hacer entrega del reo a las autoridades franquistas.

Primera vez

Esta es la primera vez que el Gobierno reconoce públicamente y de manera oficial que Lluís Companys fue «represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representantes de la Generalitat y por su militancia e ideología».

A este respecto, el texto del Gobierno señala que Companys fue condenado por «haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de ERC, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat». Por todo ello, el Gobierno declara «ilegales e ilegítimos, tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Política de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo» que enjuiciaron a Companys.

Para el Ejecutivo de Sánchez Lluís Companys tiene el «derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva».

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática «declara ilegítimas y nulas cualquier condena, sanción o resolución dictada contra Companys» por «razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior».

Esta resolución se suma al hecho de que el pasado noviembre, el Govern aprobó un acuerdo para activar el procedimiento para pedir al Ejecutivo la formalización de la nulidad de las sentencias impuestas a Companys, una de las cuales lo condenó a muerte.