El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes ante empresarios catalanes en la sede de Foment que estaría dispuesto a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez “con un único compromiso: convocar elecciones generales”, pero ha admitido que “me sobran ganas y me faltan votos”. “Lo que me falta son votos de los suyos —en referencia a Junts—, pero no los tengo”, señaló, antes de subrayar que se trata “de una constatación, no de una crítica”. Según dijo, buena parte de los votantes de esos partidos apoyarían sus propuestas en materia fiscal, energética, migratoria y de vivienda.

La intervención de Feijóo en la sede de Foment del Treball combinó diagnóstico y propuestas, y dibujó un relato de país en riesgo de estancamiento económico, inseguridad y debilitamiento de la clase media. El líder del PP denunció que España vive “sin presupuestos nuevos”, con las mismas cuentas de 2023, lo que a su juicio impide “que un Gobierno sea serio”. “Existe una alternativa”, defendió, al tiempo que situó el acceso a la vivienda como el principal problema en Cataluña y en el conjunto de España.

Feijóo cargó contra el encarecimiento del coste de la vida: la vivienda “ha subido más de un 50% desde antes de la llegada de Sánchez”, la inflación acumulada es del 22% y la cesta de la compra se ha encarecido un 39%. “España no puede normalizar que una familia con dos sueldos tenga dificultades para llegar a fin de mes o que una familia con un sueldo no pueda pagar una vivienda a 30 años”, afirmó. A su juicio, el país se enfrenta a “tres grandes riesgos”: que trabajar “no valga la pena”, que la política fiscal “abrasiva” ahogue a familias y empresas, y que la clase media “entra en proceso de extinción”, tras pasar del 65% de la población en 2018 al 51,3% en 2024.

El presidente del PP conectó esos riesgos con los datos que expuso sobre empleo, pobreza y renta. Recordó que el salario mediano “solo ha subido 110 euros en cinco años” y que el salario más frecuente “es casi el salario mínimo”. Criticó que España sea el segundo país con mayor pobreza infantil de la UE y que más de 10 millones de personas estén en riesgo de exclusión social. “Es una inmoralidad celebrar que cada vez haya más hogares viviendo del SMI”, afirmó.

También arremetió contra la carga fiscal: “Hoy en España se pagan más impuestos que nunca y hemos perdido poder adquisitivo”. Detalló que los españoles han pagado “168.000 millones de euros más” desde que gobierna Sánchez y que el IRPF efectivo ha pasado del 12,8% al 15,3%. Las cotizaciones sociales, añadió, “han seguido subiendo mientras que el déficit de la Seguridad Social también crece”. Esto, dijo, perjudica “a las familias, a los trabajadores y a los autónomos”.

En materia migratoria y de seguridad, Feijóo sostuvo que durante este Gobierno “han entrado en España unas 300.000 personas de forma irregular” y que en los últimos cuatro años la población inmigrante ha aumentado en 1,5 millones. Aseguró que la inseguridad es otra preocupación creciente: delitos al alza “de forma bastante intensa”, 650.000 hurtos y robos al año, y un incremento del 62% en los delitos contra la libertad sexual. Situó a Barcelona como “una de las ciudades más inseguras de Europa”, con “un delito cada tres minutos”. “Denunciar esto no es alarmismo, es responsabilidad”, dijo.

Feijóo afirmó que su partido ha propuesto soluciones para vivienda, inmigración, seguridad y precios. Recordó que el PP ha presentado ocho iniciativas legislativas, entre ellas una nueva ley del suelo para responder a un déficit de 700.000 viviendas acumuladas; una ley antiokupación; un plan de vivienda con bajadas de impuestos para jóvenes; una ley de multirreincidencia; un plan de inmigración; un plan específico para autónomos; una rebaja del IRPF —incluida una deflactación de tarifas— y un IRPF reducido para jóvenes durante sus primeros cuatro años laborales (del 0% al 75% de progresión). También propuso bajar el IVA de alimentos cuyo precio ha subido más de un 45%, como pescado, carne, conservas, algunas frutas y huevos. Sin embargo, denunció que la Mesa del Congreso “no permite que se voten” estas iniciativas y que el Gobierno mantiene “bloqueadas 31 leyes aprobadas en el Senado”.

Sobre competitividad empresarial, Feijóo puso el foco en la llamada “maldición del empleado 50”: la normativa que impone más obligaciones a las empresas cuando superan los 49 trabajadores. El PP se compromete a elevar ese umbral hasta los 250 empleados para facilitar el crecimiento empresarial.

Sánchez Llibre pide "respeto a los empresarios"

Antes de la intervención del presidente del PP, tomó la palabra el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien lanzó un mensaje contundente en defensa del empresariado. Denunció que en los últimos tiempos “algunas administraciones” tratan a los empresarios “como presuntos delincuentes” y advirtió: “Ha llegado el momento de decir ‘hasta aquí hemos llegado’”. Reclamó respeto institucional y social para quienes “generan empleo y riqueza”, y recordó que sin esa aportación “habría más desigualdades” y no existiría “una democracia tan consolidada”.

Sánchez Llibre exigió una reforma “en profundidad” de la fiscalidad española, una fiscalidad “competitiva”, y pidió eliminar definitivamente el Impuesto de Patrimonio. Defendió la libertad de amortización, la deflactación del IRPF y una fiscalidad “más próxima” para los autónomos. También reclamó que el Estado ejecute en Cataluña las inversiones que le corresponden: desde 2009, dijo, el déficit inversor acumulado es de 42.000 millones y deberían destinarse al menos 5.500 millones anuales para revertirlo.

El presidente de Foment se mostró crítico con la reducción legal de jornada que el Gobierno quiso impulsar —las 33,5 horas semanales— y elogió que PP, Vox y Junts presentaran enmiendas a la totalidad: “Hicisteis un gran favor a la economía productiva española”. Alertó del absentismo laboral, reclamó una legislación laboral “pertinente” basada en el diálogo social y defendió alargar la vida útil de las nucleares para garantizar la transición energética. También pidió administraciones “más ágiles, competentes y efectivas” y subrayó que los retos actuales requieren soluciones “orientadas a la generación de riqueza, la inversión y la eliminación de desigualdades”.