La Guardia Civil registra por exceso de contaminación una incineradora de la Generalitat de Cataluña en Sant Adrià del Besòs

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil registra esta mañanala incineradora de Sant Adrià del Besòs que gestiona la empresa pública Tersa, en busca de pruebas de una posible contaminación excesiva.

Fuentes conocedoras han explicado que los registros han empezado a primera hora de la mañana de este miércoles por orden del Juzgado de Instrucción 5 de Badalona.

La Fiscalía denunció a la incineradora por un presunto delito ecológico, y señaló como posibles responsables al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la empresa.

Por su parte, la Generalitat enviará nuevos datos sobre los niveles de contaminación de la incineradora al juez que investiga la planta por presunto delito ecológico después de remitirle información que acredita niveles muy elevados por errores “flagrantes”, han informado fuentes de la conselleria de Acción Climática, Agricultura y Alimentación.

El departamento envió al juzgado unos 36 millones de mediciones, que volcó en 60 hojas de cálculo, de las cuales quedan en entredicho unos 5,8 millones, referentes a diez meses entre 2018 y 2019.

La Generalitat ha explicado que recoge la información a través de la Red de Emisiones Atmosféricas de Catalunya (XEAC) con un formato particular y, al plasmarlos en los documentos para mandar al juzgado, “ha habido un error puro y duro de una transferencia manual” que ha comportado, entre otros, que los decimales de las mediciones pasaran a ser unidades.

Ahora la administración catalana revisa el conjunto de datos para determinar el alcance del error, y la Generalitat ha relatado que el estudio de estos de los mismos por parte del juzgado ha quedado “paralizado” a la espera de recibir la información correcta, después de que trasladaran el error a finales de la semana pasada.

La Generalitat ha insistido en que la recogida de datos que realiza “es como una garantía supletoria”, que el juzgado se los ha solicitado como garante y que es la empresa quien tiene la obligación de recabarlos.