La jueza ordena a los "okupas" que abandonen las casas de la Bonanova de Barcelona

El Juzgado de Primera Instancia 39 de Barcelona ha estimado íntegramente la demanda de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) por la ocupación del edificio de la plaza Bonanova la Ruïna, y ha ordenado a los ocupas que abandonen la finca con el aviso de que, si no lo hacen, podrán ser desalojados.

La sentencia todavía no es firme porque puede recurrirse y, en caso de que llegue a serlo, el juzgado la trasladará al Servicio Común de Actuaciones Civiles (SAC) para que fije una fecha de desalojo.

Esta sentencia es el resultado de la vista por la demanda que se celebró el miércoles de la semana pasada, cuando la jueza descartó suspender el procedimiento judicial como pedían los ocupas.

El abogado de los ocupas intentó parar el procedimiento por el desalojo de la Ruïna alegando que la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética obliga a los grandes tenedores a ofrecer un alquiler social antes de un desahucio, pero la jueza ha descartado su argumento porque no han demostrado que cumplan los requisitos.

Los ocupas también argumentaron la "falta de legitimación" de la Sareb para reclamar el desalojo dado que la sociedad es propietaria del 60,03% de la finca y el resto pertenece a otras dos empresas que no han reclamado el desalojo, pero la jueza replica en la sentencia que para tener legitimidad para instar un procedimiento judicial no es requisito ser el único propietario de la finca.

La jueza tiene en cuenta la declaración de un inspector de Mossos d'Esquadra que declaró como testigo en la vista, en base a la que "resulta claramente la perturbación en la posesión de la finca" pues el policía explicó que la situación del inmueble no permite que sea vendido ni alquilado porque está ocupado.El procedimiento judicial sobre la Ruïna se está tramitando diferente al que pesa sobre el edificio contiguo y que también está ocupado, el Kubo, porque en este caso los ocupantes sí que han contestado a la demanda.

Al no contestarse la demanda sobre el Kubo, el Juzgado de Primera Instancia 3 acordó el desalojo a petición de la Sareb, y la finca está pendiente de una nueva fecha de desahucio después de que el 23 de marzo los Mossos d'Esquadra intentaron desalojarlo, pero el lanzamiento quedó suspendido ante la falta de "garantías de seguridad y eficacia".

En este sentido, la Sareb explicó que el desalojo del 23 de marzo se paralizó "con el objetivo de proceder al desalojo de ambos edificios de manera conjunta para garantizar la seguridad de la zona".