Mossos conoció en 2015 por un informador que 2 policías habían participado en robos de droga

Un informador de la policía alertó en 2015 de que 2 mossos habían colaborado con una organización criminal dedicada a 'vuelcos' -como se conoce en el argot policial a los robos de droga- que la policía catalana investigó en 2013, un hecho que no llegó a esclarecerse.

Así lo ha explicado este miércoles un miembro de la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra en el juicio contra un cabo y un agente del cuerpo que estaban destinados en la comisaría de Sant Martí de Barcelona y que están acusados, junto a otros 2 hombres, de colocar droga y armas en el coche de un estibador para incriminarle falsamente en un delito de narcotráfico en 2016.

El testigo ha recordado que en 2015 un informador les explicó que en el grupo criminal investigado por la comisión de asaltos habían participado dos mossos destinados en la comisaría de Sant Martí, de los que no sabía los nombres, pero sí los apodos -Pep y Godzilla-, así como dos exmilitares y un agente del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO).

El testigo ha explicado que la investigación ya estaba cerrada y pendiente de juicio y que en una de las intervenciones telefónicas aparecían el ARRO y un exmilitar, por lo que abrieron una nueva línea de investigación e hicieron seguimientos a estas dos personas.

Fue así como descubrieron que ese agente de ARRO tenía relación con el exmilitar y que este último, a su vez, conducía una moto a nombre de uno de los mossos ahora acusados, un hecho sobre el que la defensa del policía ha recordado que les unía una relación de años de amistad y que era conocida.

El testigo ha aclarado frente al tribunal que ni en 2013 ni en 2015 los dos mossos ahora acusados estuvieron entre los investigados ni imputados; no se hicieron indagaciones por parte de la DAI y la información aportada por el confidente no quedó sustentada en diligencia judicial o policial alguna.

Sant Martí llamó a la Dai

El mismo testigo también ha dicho que fueron el jefe y el subjefe de la Unidad de Investigación de la comisaría de Sant Martí, a la que pertenecían los ahora procesados, los que se dirigieron a la DAI para pedirle que los investigara.

En concreto, los mandos explicaron que estaban investigando un caso de salud pública por el que se había detenido a una persona --el estibador-- del que se enteraron por una llamada que tenía "elementos de ser preparada" y que consideraban sospechosa.

Se basaban en que la persona que había realizado la llamada para dar el 'chivatazo' se había identificado como un confidente de 'Trini', el apodo de un agente de la unidad de estupefacientes, pero que este agente, para generar un clima de confianza con sus confidentes, daba su nombre real.

En esa reunión con la DAI, manifestaron tener sospechas de un cabo y un agente de la comisaría de Sant Martí --dos de los ahora acusados--, pidieron intervenciones telefónicas y añadieron que el primero podría estar relacionado con las personas que colocaron la droga al estibador.

Un kilo de droga

Según el escrito de acusación de Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press, en marzo de 2016 los acusados consiguieron 877 gramos de cocaína y 112 de hachís, una pistola semiautomática, un hacha y una navaja.

Tras esto, por su propio interés o "a instancia" de personas desconocidas, acordaron implicar a un estibador en un delito de posesión ilícita de armas y drogas con el objetivo, sobre todo, de que ingresara en prisión, según Fiscalía.

El 18 de marzo de 2016 el cabo y el agente, que trabajaban en la comisaría de Sant Martí de Barcelona, realizaron 3 consultas en la base de datos policial sobre la víctima y sobre 'Bubito', otro estibador que fue asesinado mientras desayunaba en la terraza de un bar en Montgat (Barcelona) el 15 de noviembre de 2024. Pasaron la información obtenida a los otros dos acusados, que procedieron a realizar seguimientos y vigilancias sobre la víctima.

El 15 de junio de ese año, aprovechando que el estibador había dejado su coche aparcado en un gimnasio, dos de los acusados --los que no eran policías-- abrieron el vehículo e introdujeron la droga, la pistola, un hacha y una navaja tipo puñal.

Después llamaron al teléfono de guardia de la comisaría de Mossos de Sant Martí y se identificaron como un confidente de uno de los agentes de la unidad de estupefacientes y dieron un 'chivatazo'.

En el lugar se montó un operativo, al que acudieron agentes de las comisarías de Les Corts y Sant Martí, así como un dispositivo de vigilancia sobre el vehículo, hasta que a las 21.15 la víctima que interceptada y, tras el registro del turismo, fue detenida y estuvo 3 días privada de libertad.

La causa en su contra se archivó en 2019, tras constatarse que no había cometido el delito de tráfico de drogas por el que fue detenido.

Más de 18 años

En total, Fiscalía pide 18 años y 9 meses de prisión para los dos mossos, mientras que para los otros dos acusados solicita 14 años de prisión. Pide para los policías 6 años y medio de prisión, así como una multa de 102.477 euros e inhabilitación absoluta durante 12 años por un delito contra la salud pública, mientras que para los otros dos acusados pide 5 años y medio y la misma multa por este delito.

Por el delito de tenencia ilícita de armas pide 2 años de prisión a cada uno de los cuatro acusados, así como 5 años y medio por detención ilegal, al que suma en el caso de los policías 9 años de inhabilitación especial por este delito.

Para los dos mossos también solicita 4 años y 9 meses de cárcel por un delito de descubrimiento indebido, mientras que para los otros dos pide 3 años de prisión por un delito contra la Administración Pública.

Además, pide que indemnicen a la víctima con 15.000 euros por los daños morales causados, con 1.980 euros por las consultas psiquiátricas a las que tuvo que acudir a consecuencia de los hechos y con 346,30 euros por el pago que tuvo que abonar al depósito para recuperar su coche, además de los 3 días que estuvo detenido y no pudo trabajar. En el caso de los Mossos -que estuvieron suspendidos de empleo y sueldo durante 4 años- solicita que la Generalitat responda subsidiariamente.