¿Qué implicaría la oficialidad del catalán, vasco y gallego en la Unión Europea?

Este martes, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea ha abordado la propuesta del Gobierno español para que el catalán, el vasco y el gallego se conviertan en lenguas oficiales de la UE. Sin embargo, la iniciativa no ha prosperado: la votación se ha aplazado ante la falta de unanimidad entre los 27 Estados miembros, requisito imprescindible para modificar el Reglamento 1/1958 que rige las lenguas oficiales del bloque comunitario.

La sesión estuvo marcada por las reticencias de países como Alemania, Italia, Suecia, Finlandia y otros cinco Estados más, que pidieron posponer el debate. En el caso alemán, sus representantes fueron tajantes: si no se aplazaba la votación, votarían en contra. Por su parte, Finlandia ya había anticipado antes del encuentro su escepticismo y se mostró partidaria de dejar el asunto para más adelante. Francia, aunque con una postura menos confrontativa, invocó la necesidad de alcanzar “soluciones de consenso”. Frente a esta situación, España contó con apoyos como los de Portugal, Bélgica y Hungría.

Un proyecto con implementación parcial

Consciente de las dificultades, el Gobierno español ofreció una propuesta de compromiso: hacer efectiva la oficialidad a partir de 2027, aunque con una aplicación parcial. Según este plan, solo se traducirían al catalán, vasco y gallego los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, lo que representa menos del 3 % del total de actos jurídicos aprobados en una legislatura.

La oficialidad solo puede aprobarse si ningún Estado miembro se opone, lo cual ha obligado a España a desplegar una intensa labor diplomática. Las decisiones del Consejo de Asuntos Generales, que reúne a los ministros de Asuntos Europeos o Exteriores, son clave en cuestiones institucionales y administrativas del funcionamiento de la UE.

¿Qué implicaría la oficialidad?

Actualmente, el catalán, el vasco y el gallego no tienen estatus de lenguas oficiales de la UE. Esto significa que no se pueden utilizar en los debates del Parlamento Europeo, no se traducen los documentos jurídicos a estas lenguas, y los ciudadanos no pueden dirigirse a las instituciones comunitarias en ellas, salvo en procedimientos administrativos sin consecuencias jurídicas.

Si se aprobara su oficialidad, estas tres lenguas pasarían a tener el mismo estatus que las 24 actuales. Esto implicaría:

• Traducción de documentos normativos clave a catalán, gallego y euskera.

• Posibilidad de usar estas lenguas en intervenciones parlamentarias y procesos judiciales europeos.

• Derecho de los ciudadanos a comunicarse con las instituciones en cualquiera de las tres lenguas y recibir respuesta en la misma.

• Reconocimiento simbólico y político que equipararía su estatus al de otras lenguas oficiales de los Estados miembros.

No obstante, la oficialidad conlleva también costes administrativos y logísticos significativos. Bruselas ha estimado que la inclusión de estas tres lenguas supondría un gasto de unos 132 millones de euros anuales, que el Gobierno español se ha comprometido a cubrir.

Además del aspecto económico, algunos Estados temen que esta decisión cree un precedente y abra la puerta a demandas similares por parte de otras lenguas regionales o minoritarias en Europa, como el corso, el bretón, el flamenco occidental, el frisón o incluso el ruso en las zonas rusófonas de los países bálticos.

Un debate con trasfondo político

De haberse aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea, el Gobierno de Pedro Sánchez habría materializado una de las principales cesiones acordadas con Junts per Catalunya para asegurar la investidura. La medida ha sido interpretada tanto por la oposición como por parte de la opinión pública como un gesto dirigido a contentar a sus socios independentistas, más que como una apuesta por la diversidad lingüística europea. Desde el entorno de Junts, se ha reivindicado la propuesta como una conquista política fruto de su capacidad de influencia en Madrid.

Precisamente por ese motivo, el Partido Popular se ha opuesto con firmeza a la medida. Los populares no consideran que el Gobierno actúe por convicción lingüística o por un compromiso real con la protección de las lenguas cooficiales, sino que entienden esta maniobra como un movimiento táctico motivado exclusivamente por el interés de mantenerse en el poder.