Blanca (nombre ficticio) es profesora en Figueres y vive en Lleida. Cada jornada, antes de entrar en el aula, tiene por delante seis horas de viaje al volante: 600 kilómetros en total que han terminado por pasar factura a su salud. “He cogido miedo a conducir”, reconoce. La ansiedad se ha convertido en un compañero habitual desde que comenzó un nuevo curso marcado por las largas distancias, en el que ninguna alternativa de transporte resulta viable: en tren, el trayecto se alargaría hasta las ocho horas.

El año pasado tampoco tuvo tregua. Fue destinada a Santa Coloma de Gramenet y sumaba entre cuatro y cinco horas diarias en carretera: “En cuanto a salud mental terminé muy mal y cogí miedo y ansiedad a la hora de conducir”, explica. La repetición de una situación similar este curso la deja en un callejón sin salida, entre seguir con los desplazamientos o abandonar temporalmente la docencia.

Un problema que afecta a miles de docentes

Blanca intentó recurrir a los servicios territoriales para explicar su situación, pero la respuesta fue negativa: “Me dijeron que mis motivos eran personales y no laborales”. Tampoco ha contado con apoyo médico claro. Su doctora le advirtió de que es un problema laboral, pero no de salud, lo que descartaba la opción de una baja. La posibilidad de mudarse a Figueres también resultó inviable ante los precios de la vivienda.

Aunque su testimonio es llamativo, no es un caso aislado. Mireia, otra maestra residente en Amposta, ha sido destinada a Esplugues de Llobregat, con varios centenares de kilómetros de por medio. A ello se suma una adjudicación de plazas cuestionada: la Generalitat de Cataluña tuvo que rehacer en verano parte del reparto tras detectar errores que afectaban a unos 3.000 docentes.

El inicio del curso escolar en España, en el que han vuelto a las aulas más de ocho millones de estudiantes no universitarios y alrededor de 822.000 profesores, ha vuelto a poner sobre la mesa la distancia entre los discursos institucionales, centrados en la digitalización y la salud mental, y las dificultades cotidianas de quienes mantienen en pie el sistema. El caso de Blanca se ha convertido en el símbolo de una problemática que, más allá de lo personal, tiene un efecto directo sobre la calidad educativa y el bienestar del profesorado.