Compromís pide que no haya sacerdotes en los hospitales públicos

El senador de Compromís Carles Mulet ha presentado dos preguntas escritas al Gobierno sobre la asistencia católica en los centros sanitarios en las que argumenta que su presencia va en contra de la “aconfesionalidad del Estado consagrada en la Constitución”.

El valenciano quiere saber cuánto dinero público se ha gastado desde que en 1986 se firmó un acuerdo de asistencia religiosa con el Instituto Nacional de Salud y que ha permitido hasta ahora la atención a aquellos que profesan esta religión pero "no al resto de confesiones o sectas religiosas” e insiste en que “la asistencia religiosa no forma parte de ninguna rama de la medicina moderna”.

Mulet incide en que la asistencia religiosa no es un “derecho reconocido a la salud” y añade: “Es más, ciertas posturas integristas religiosas en materias éticas o morales puede ir contra los principios básicos de la ciencia o la medicina”.

El senador aclara que su intención no es extender esta asistencia al resto de religiones, sino evitar “que cualquier religión se inmiscuya en los centros sanitarios”.

Pero como el propio Mulet recuerda, a pesar de la desaparición del Insalud, el convenio que en su día se firmó para asegurar la asistencia religiosa en la sanidad pública fue «transferido» también en otros convenios como el que se suscribió en la Comunitat Valenciana con el Convenio de colaboración con las Diócesis de Valencia, Orihuela-Alicante, Segorbe- Castelló y Tortosa en materia de asistencia religiosa católica en centros de la red pública integrada y que está en vigor.

Según este convenio, «el servicio de asistencia religiosa católica ( y solamente la religión católica) dispondrá de capilla para la oración de los fieles y la celebración del culto, el resto de religiones o sectas, no».