Cs lleva el requisito lingüístico de Consell a la CE por si impide la circulación de trabajadores

Ciudadanos va a llevar el proyecto de ley de Función pública valenciana, aprobado este viernes en el pleno del Consell, a la Comisión Europea por posible violación de la libre circulación de trabajadores en la Unión Europea.

En concreto, la vicepresidenta primera de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia, y Asuntos de Interior, Maite Pagazaurtundua, presentará el lunes ante la Comisión Europea una pregunta parlamentaria sobre este proyecto de ley, que exigirá el conocimiento del valenciano a quienes se presenten a las oposiciones y puestos públicos de la Generalitat.

Pagaza explicó que la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la UE y que es obligación de esta Comisión preservarla.

Por ello, considera que la Comisión Europea deberá evitar que la Comunitat Valenciana y sus Administraciones impongan el sesgo lingüístico en sus convocatorias de empleo público, si ello afecta a la libre circulación de trabajadores en el espacio económico europeo.

El Alto Tribunal prohíbe la falta de proporcionalidad entre esa exigencia y la función o puesto de trabajo a desempeñar, y añadió que es habitual que estas administraciones exijan un conocimiento de la lengua valenciana, innecesario en algunos casos y, en otros, desproporcionado, lo que vulnera la Jurisprudencia Constitucional.

En su opinión, estas prácticas convierten el sesgo lingüístico en una herramienta de discriminación y exclusión en manos de administraciones públicas, que afecta no solo de los ciudadanos españoles que no hablan valenciano, sino también de los ciudadanos europeos que no pueden circular libremente dentro de la UE porque no pueden optar a esos puestos públicos.

El pleno del Consell dio el visto bueno el pasado viernes al proyecto de ley de la Función Pública valenciana, que «por primera vez en la historia de la autonomía» exigirá al empleado público que quiera acceder a la Administración el requisito de una capacitación lingüística del valenciano, que será «proporcional y adecuada al puesto».

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, explicó que la Comunitat Valenciana era la única autonomía con lengua propia que no exigía el requisito de conocerla, «en 40 años de vida democrática aquí no se había apostado por la lengua como ahora».

Reglamento posterior

Bravo precisó que, al igual que el resto de Comunidades bilingües, será un reglamento el que determinará los niveles de capacitación lingüística que se exigirán a los empleados públicos, por lo que no hay ningún «conflicto» en desarrollarlo tras la aprobación de la ley -que fija un año desde la entrada en vigor de la norma- ni se ha hecho «renuncia a nada».

Se mostró convencida de que «antes del ecuador de la legislatura» estará ese reglamento, y como muestra de que hay una «voluntad política decidida» explicó que se va a constituir una comisión de expertos, con técnicos de Política Lingüística y Función Pública, entre otros, que en paralelo a la tramitación de la norma en Les Corts hará un «estudio preparatorio» para la elaboración del reglamento.