Corrupción política
Fiscalía pide que Antifraude entregue al PP el informe sobre las ayudas a los hermanos de Puig
Antifraude apelaba a la confidencialidad para negar la información a la diputada Eva Ortiz
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al PP en la petición de la diputada y denunciante Eva Ortiz, para tener acceso al expediente de investigación incoado por la Agencia Antifraude por el supuesto fraude en la justificación de las subvenciones públicas recibidas por las empresas del expresidente de la Generalitat, Ximo Puig. La petición hacía referencia “al expediente de investigación incoado por la Agencia anti Fraude incluyendo todas las actuaciones practicadas hasta la fecha de respuesta a esta iniciativa , con motivo de la presentación de una denuncia sobre supuesto falseamiento de contenidos en la justificación de la concesión de ayudas públicas para la promoción del valenciano por parte de las mercantiles Kriol Prduccions, SL, y Canal Maestrat SL, incluyendo toda la documentación aportada por las referidas mercantiles en respuesta a requerimiento del órgano inspector”
A esta petición del PP, el director de la Agencia Antifraude contestó que “no se puede acceder a la entrega solicitada por motivos de confidencialidad”.
Sin embargo, la Fiscalía hace incidencia en la condición de diputada de la solicitante de la documentación para darle la razón al señalar el “estatus anejo al cargo” y añade que “dicha información no puede entorpecerse, limitarse, o bloquearse, so pena de conculcar el artículo 23 de la Constitución Española. El artículo 53 de la Constitución Española dice que 'Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del presente Título vinculará a todos los poderes públicos y solo por Ley, pero siempre respetando su contenido esencial podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades”.
El fiscal hace referencia al “estatus parlamentario” para recordar que “el derecho a participar en los asuntos públicos bien directamente por los ciudadanos o por medio de sus representantes libremente elegidos lleva aparejado el derecho a la información”.
Y concluye que “el problema planteado, no es nuevo sino que ha sido tratado en los Tribunales de Justicia y en todas las sentencias consultadas, tanto del Tribunal Supremo como en los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas”
Por ello, Antifraude, contrariamente a su criterio, deberá entregar los informes sobre las ayudas a los hermanos del presidente Puig, al PP.
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