La Generalitat valenciana permitirá que los familiares de ancianos y dependientes los saquen de las residencias

Tras varios días de estudio y trabajo, y después de que varias familias exigieran llevarse a sus seres queridos de las residencias en las que se encuentran, la Conselleria de Igualdad, en colaboración con la de Sanidad, ha establecido un protocolo para que puedan hacerlo manteniendo un equilibrio entre la libertad personal de los residentes y sus familiares, y la salud pública. El protocolo plantea diversos escenarios posibles: que la solicitud afecte a una persona con plena capacidad de obrar o que no, y que se solicite en un centro libre de contagios de coronavirus o que no.

Tanto si el centro presenta ya algún caso de contagio como si no, la solicitud de baja la puede realizar la persona residente si tiene plena capacidad de obrar y suficiente juicio para autodeterminarse, familiares o tutores legales, y el traslado podrá ser a la propia vivienda del residente, a la del familiar que lo solicita o a la residencia de otro miembro de la familia.

En todo caso, señala el protocolo, la persona de la familia que vaya a ser la cuidadora deberá comprometerse de manera fehaciente al cuidado de la persona mayor dependiente o con diversidad funcional y firmar una declaración responsable sobre la idoneidad de la vivienda a la que se le vaya a trasladar.

Además, se establece que la dirección del centro proporcionará a la persona residente elementos de protección para su salida del centro, asegurándose que la persona familiar que haya firmado el compromiso de cuidados recibe y se hace cargo de la persona mayor dependiente o con diversidad funcional.

La dirección del centro se encargará de proporcionar un certificado para que se pueda justificar durante el estado de alarma el traslado de la persona residente del centro a su vivienda propia o vivienda de la persona familiar cuidadora.

Este protocolo se aplicará de la misma forma tanto en las residencias que presentan casos como en las que no, solo que en el primero de los escenarios deberán recabarse, además, las autorizaciones establecidas por la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Sin perder la plaza

Respecto a la prestaciones reconocidas, el protocolo de la Conselleria de Igualdad establece que la persona residente que tenga un grado de dependencia y/o derecho a la prestación profesional residencial podrá elegir la suspensión temporal de la prestación del servicio residencial, en cuyo caso mantendrá el derecho a ocupar y retornar a esa misma plaza residencial una vez finalizado el estado de alarma provocado por la pandemia de COVID-19, debiendo cumplir con las obligaciones administrativas y de abono de tasas correspondientes.

Si la persona tiene reconocida una prestación vinculada al servicio o una prestación vinculada al servicio de garantía se le seguirá abonando siempre y cuando satisfaga efectivamente el pago al centro.

Si, por el contrario, elige la baja de la prestación del servicio residencial se entenderá que existe una renuncia a la prestación determinada en el PIA o resolución reconocida en su día. En este caso y una vez finalizado el estado de alarma, podrá volver a solicitar el recurso para la atención a personas en situación de dependencia que considere, sin que el grado de dependencia reconocido previamente se vea afectado por esta decisión.

Cataluña como ejemplo

Fue Cataluña la primera comunidad autónoma que reguló este aspecto y la semana pasada anunció que permitiría a las familias llevarse a casa a los ancianos que se encuentren bien de salud, sin perder la plaza de residencia.

En la normativa vigente, si una familia desea llevarse ni que sea temporalmente a su familiar ingresado en una residencia a casa pierde el derecho a la plaza, una situación que El Homrani afirmó que se va a cambiar.

Dijo ser “consciente” de la grave situación que atraviesan numerosas residencias de ancianos ubicadas en Cataluña a causa del coronavirus y la falta de equipos de protección individual para los trabajadores de las mismas.