El fiscal se inhibe al TSJ en la denuncia del CSIF a Barceló

El fiscal ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) asuma la competencia sobre la denuncia del sindicato CSIF contra la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por no proteger con equipos a los trabajadores sanitarios durante la crisis del coronavirus.

El sindicato CSIF presentó una denuncia contra la Conselleria de Sanidad por deficiencias de equipos de protección para los sanitarios durante la pandemia del Covid 19, una denuncia que hace referencia directa a la propia consellera.

El juzgado de instrucción número 12 de Valencia la admitió a trámite el pasado 12 de mayo y consultó a la fiscalía. Ahora el Ministerio Público le ha pedido que se inhiba a favor del TSJCV "por la implicación de una persona aforada".

El fiscal considera, en un escrito divulgado hoy, que "ante los hechos denunciados y la implicación de una persona aforada, como es la consellera", el juzgado debe ceder el asunto al TSJCV.

El ministerio público se pronuncia también sobre la petición de los denunciantes de estar personados en la causa. Se opone a ello "por defecto de forma", dado que para que esa petición fuera pertinente el sindicato habría de haber presentado una querella, no una denuncia.

Respecto al asunto de cuál es tribunal competente, el fiscal señala que “en la denuncia se hace referencia directa a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, respecto a la carta que ese sindicato le envió el 31 de Enero de 2020, sobre la necesidad de compra de material sanitario para los empleados, ante la situación de emergencia sanitaria internacional, que no recibió respuesta”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece la competencia de la Sala de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia sobre “las causas penales que los Estatutos de Autonomía reserven" a éstos. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana señala a su vez que “la responsabilidad penal y civil de los miembros del Consell" corresponde al TSJ.

"Durante su mandato no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos realizados en el territorio de la Comunitat Valenciana, sino es en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento, en su caso, y juicio al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Fuera de tal territorio la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”, recuerda el fiscal reproduciendo el Estatuto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explicaba en su denuncia que, a pesar de las recomendaciones, declaraciones y advertencias de los diferentes organismos e instituciones por la pandemia del coronavirus, la Conselleria “incurrió en una evidente inactividad”, lo que causó la desprotección de sus trabajadores.