Valencia limita las bodas civiles en Monforte a los novios y dos testigos

Las bodas civiles que se celebren en el Palacio de Monforte de Valencia se limitan a cuatro personas, los contrayentes y los dos testigos, además de la autoridad que oficie la ceremonia y el personal administrativo y de limpieza estrictamente necesario y los acompañantes tendrán que espera fuera del edificio.

Así lo ha aprobado este viernes la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia, ante el nuevo estado de alarma, según ha explicado el vicealcalde y portavoz, Sergi Campillo, ha informado el Consistorio en un comunicado.

Igualmente, la Junta ha acordado conceder las ayudas a la creación de nuevos comercios y consolidación de los existentes por importe de más de un millón de euros a 384 solicitantes.

Además ha acordado la adjudicación del contrato para instalar 43 cámaras de videovigilancia en varios edificios bien de interés cultural (BIC) como la Lonja, Torres de Quart, Torres de Serranos, Atarazanas, Almudín, Museo de la Ciudad y Palacio de Cervelló, para protegerlos del vandalismo.

El nuevo protocolo de bodas civiles en el Palacio de Monforte “es una medida difícil, que afecta a la vida privada en un día tan especial”, ha manifestado Campillo, quien ha incidido en que tienen que “garantizar la seguridad” tanto de los vecinos como del personal municipal que trabaja en la oficina de bodas.

Por otro lado, un total de 384 personas se beneficiarán de las subvenciones para la creación de nuevos comercios y consolidación de los existentes, que cuentan con un presupuesto de 1.027.814 euros.

El objetivo, como ha explicado el regidor, es el apoyo a las actividades comerciales para hacer frente a los gastos derivados de la titularidad, ejercicio y desarrollo y mejora del negocio o actividad comercial.

Se pretende fomentar el pequeño comercio, incentivar el mantenimiento y la creación de empresas comerciales y, por lo tanto, puestos de trabajo, así como mejorar el mapa comercial de la ciudad, ha explicado y ha indicado que la mayoría de las ayudas concedidas alcanzan los 3.000 euros por solicitante.

El órgano colegiado del gobierno ejecutivo municipal también ha dado luz verde a la adjudicación del contrato de ejecución de las obras para la instalación de 43 cámaras de videovigilancia en los edificios calificados BIC adscritos a la Concejalía de Patrimonio y Recursos Culturales.

“Se trata de una equipación completa de cámaras de videovigilancia, que permitirá una conexión permanente, las 24 horas del día, con la Policía Local”, ha explicado y ha aclarado que las cámaras “se instalarán en farolas y edificios adyacentes para no actuar directamente sobre los bienes protegidos”.

La finalidad del contrato, por importe de cerca de 407.000 euros y con un plazo de ejecución de tres meses, es “mantener estos bienes protegidos del vandalismo”.

Campillo ha hecho hincapié en que la factura por la limpieza de los actos incívicos contra monumentos históricos de la ciudad es de 10.000 euros anuales y la restauración de elementos dañados desde 2016 roza los 100.000 euros.

El vicealcalde ha anunciado asimismo la contratación de seis técnicos y técnicas medios de servicios sociales “para reforzar nuestro sistema de protección social en la ciudad, en estos momentos muy importante a causa de las consecuencias dramáticas que está teniendo la pandemia sobre la vida y el día a día de muchas familias de nuestra ciudad”.