El PP expulsa al alcalde de Benavites (Valencia) para el que la Fiscalía pide 10 meses de prisión por malos tratos a su mujer

La Fiscalía de Valencia solicita en su escrito de acusación contra el alcalde de Benavites (València) y diputado provincial (PP) Carlos Gil una pena de 10 meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito familiar, y 10 días de localización permanente por otro delito leve de injurias.

El presidente provincial del PP Valencia, Vicente Mompó, ha comunicado que el diputado Carlos Gil deja de pertenecer al Grupo Popular en la Diputación después de las novedades surgidas en la fase de instrucción del proceso judicial en el que se halla inmerso. Además, le ha pedido que dimita como miembro de la corporación provincial dejando así su acta de diputado.

La pena de 10 meses implicaría así mismo “la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena”, según pide el fiscal. El sufragio pasivo es el derecho de los ciudadanos a presentarse como candidatos en los procesos electorales de sus estados en cualquier ámbito y a ser elegidos.

El Ministerio Público pide también que se le imponga la prohibición “de acercarse a la denunciante a menos de 300 metros durante dos años, así como de su domicilio o cualquier otro lugar donde ésta se encuentre; y por el mismo tiempo, prohibición de comunicar con ella por cualquier medio”, además del pago de una indemnización de 90 euros, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia), con competencias en violencia de género, dictó auto procesando al alcalde de Benavites, Carlos Gil, diputado provincial del PP suspendido cautelarmente de militancia, para que se abra juicio contra él por un delito de malos tratos sobre su mujer, de la que está en trámites de separación.

En ese auto la juez daba traslado de la causa a la Fiscalía y a la acusación particular para que formulasen escritos de conclusiones y pidieran la apertura de juicio oral. Así lo ha hecho la Fiscalía en un escrito al que ha tenido acceso Efe y en el que relata que “el día 4 de septiembre de 2020, el acusado se encontraba en la vivienda de Canet de Berenguer, en la que también se encontraba su madre, cuando sobre las 22.30 horas acudió al mismo su mujer acompañada de una de las hijas, menor de edad, con el fin de recoger comida y enseres personales”.

”Tras iniciarse una discusión entre el acusado y ella por las cosas que se pretendía llevar ésta, aquel levantó la mano dirigiéndose hacia ella, si bien no llegó a agredirle, al mediar la hija de ambos y la madre del acusado”.

Cuando la denunciante “llamó a la policía, el acusado le arrebató el teléfono móvil para impedir que relatara lo ocurrido. La denunciante, posteriormente, cuando el acusado de nuevo se dirigió hacia ella, salió corriendo, pero aquel la alcanzó en el rellano cogiéndole fuertemente del brazo y del pecho.

En el transcurso de la discusión, el acusado le dijo “hija de puta, te vas a quedar sola sin un duro’”. A consecuencia de estos hechos, la denunciante “sufrió lesiones consistentes en pequeña erosión en parte superior de brazo derecho y dos pequeñas erosiones en parte superior de tórax lado derecho, por debajo de la clavícula, precisando para su sanidad de una primera asistencia facultativa y tardando en curar tres días, ninguno de ellos impeditivo para sus ocupaciones habituales”.

Estos hechos son constitutivos de un delito de maltrato en el ámbito familiar y un delito leve de injurias, considera el fiscal, que pide para el juicio las declaraciones de las personas implicadas, de los guardias civiles que intervinieron, y la incorporación a la causa de los informes médicos de la mujer.

Gil, que siempre ha negado la veracidad de estas acusaciones, estaba casado con la víctima en el momento de los hechos. Tienen dos hijas en común, menores de edad. Residían en una vivienda en la localidad valenciana de Benavites.

Fue detenido el pasado mes de septiembre por estos hechos y suspendido cautelarmente de militancia y de sus funciones como coordinador general del PP de la provincia de Valencia hasta que se celebre el juicio, tras la denuncia presentada por su mujer.

El juzgado dejó en libertad al imputado después de que pasara la noche en el calabozo, pero le impuso una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la denunciante.

La presidenta del PP, Isabel Bonig, ha mostrado su “total y absoluto respeto” al escrito de la Fiscalía, y ha recordado que Carlos Gil solicitó la suspensión temporal de funciones en el partido porque así también se lo exigieron, y ha sido apartado de sus funciones en la Diputación hasta que haya sentencia.