El Registro de “lobbies” regresa al Consell tras ser paralizado por falta de presupuesto para el personal

Tres años han pasado desde que el entonces conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, presentara en Les Corts el proyecto de ley para regular la actividad del lobby en el ámbito de la Generalitat y su sector público. La falta de presupuesto para el nuevo personal funcionario que prevé esta ley fue el motivo por el que el año pasado la Conselleria de Hacienda bloqueó la aprobación de la misma.

En concreto, la Conselleria dirigida ahora por Rosa Pérez Garijo, ha establecido en la norma la creación de cuatro nuevas plazas de funcionario para controlar el Registro de lobbies que contempla la norma. Cuando en 2020 la Conselleria de Transparencia presentó el informe de presupuesto de la ley en el Departamento de Hacienda, se le hizo notar que no contaba con el presupuesto suficiente en su capítulo de personal para hacer frente a los costes de cuatro nuevos funcionarios.

Por ello, en los Presupuestos de 2021 se incluyó un aumento de 354.000 euros en el capítulo 1 (el referente a los gastos de personal) de la Dirección General de Transparencia, con el fin de afrontar este nuevo gasto.

Aprobación en el Consell

La norma, que en principio sí que cuenta ahora con la partida presupuestaria suficiente, deberá pasar ahora por el pleno del Consell para su aprobación antes de iniciar el trámite parlamentario. Aunque la semana pasada se intentó que entrara en el orden del día, se retrasó, una vez más, y está previsto que se incorpore esta semana o la siguiente.

La futura norma considera actividad de lobby toda comunicación con los cargos o empleados públicos, con la finalidad de influir en la adopción de políticas públicas y en la elaboración de los proyectos normativos, desarrollada en nombre de un grupo organizado en beneficio de sus propios intereses o de terceros. Por parte de la Administración, afectará a los cargos públicos y al personal empleado público de la administración de la Generalitat y de su sector público instrumental.

Si bien la norma será de aplicación en el ámbito de la administración autonómica y sus empresas públicas, se prevén mecanismos de colaboración con las entidades locales o las propias Corts.

En cuanto al Registro de Lobbies, se trata de una herramienta en la que deberán inscribirse todas aquellas asociaciones u organizaciones que, por alguna razón, mantengan contacto con la Administración pública para participar o influir en la elaboración de normas o toma de decisiones. El citado registro, en el que constarán todas las actividades que desarrolla el lobby, será de carácter electrónico, público, gratuito y obligatorio.

También se establece un Código de Conducta de obligado cumplimiento que recoge las exigencias éticas y de transparencia a las que debe someterse la capacidad de influir en las políticas públicas.

Entre las principales novedades que introduce el proyecto de ley está la huella normativa, referida a la publicidad de los contactos que la administración de la Generalitat mantiene con los lobbies durante la elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de decreto, contactos que se deberán plasmar en un informe que se anexará a los textos normativos y que se publicará en el Portal de Transparencia, junto con el expediente. Esta huella reflejará el impacto real de los grupos de interés en cada una de las normas.

El proyecto de ley contempla la posibilidad de que ciertas normas puedan ser negociadas de manera previa con los lobbies cuando el Consell así lo considere pertinente por la materia o los intereses en juego, un un procedimiento que será compatible con los trámites de participación ciudadana y de audiencia, si bien el resultado de la negociación no será vinculante.

Los registros de lobbies son ya obligados en Bruselas y cada vez son más los estados miembro que están adaptando esta normativa a su legislación.