El Defensor del Pueblo rechaza presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto de Patrimonio

El Defensor del Pueblo ha rechazado la propuesta planteada por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), junto con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y otras autonomías, de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Impuesto de Patrimonio por considerar que se trata de un tributo “desfasado en el tiempo, único en su modo a nivel europeo, y confiscatorio en su efecto”.

El Defensor del Pueblo señala que “la configuración constitucional de la obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económico como un debe que se contiene en el indicado precepto (...) constituye además de una constante de nuestro constitucionalismo histórico, la constatación de su absoluta necesidad para la existencia y operatividad del Estado”.

“La capacidad económica, que debe determinar el alcance de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, no es más que la concreción del alcance de la riqueza que se atribuye a cada personas”, señala la entidad en su resolución.

Además, recuerda que las comunidades autónomas tienen plena capacidad legal para aplicar el impuesto de Patrimonio en la manera en la que lo consideren. “Tales quejas no se pueden admitir a trámite porque la propia existencia de un Estado de las autonomías, en las que estas están dotadas de amplia capacidad legislativa en la materia que aquí se contempla conlleva necesariamente la posibilidad de que existan diferencias en el tratamiento jurídico de los ciudadanos entre los distintos territorios”.