Antifraude “alucina” con que el pasado no sirva para evitar más corrupción

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha afirmado este martes que “alucina” con que “no estén sirviendo para nada” las experiencias del pasado para evitar casos de corrupción por falta de medios de fiscalización en las administraciones públicas.

En una comparecencia en Les Corts para presentar la Memoria de Actividades de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, correspondiente al ejercicio de 2021, que cifra en más de 23 millones el importe susceptible de recuperar por las instituciones públicas debido a irregularidades, Llinares ha hecho estas manifestaciones al ser preguntado por los casos Azud y Francis Puig, hermano del president de la Generalitat, por parte de Unides Podem y PP, respectivamente.

El director de la Agencia ha explicado que no puede hablar sobre el expediente de Francis Puig por ser una investigación que está en los tribunales aunque no tendrá problema en hacerlo cuando concluya el tema judicial, y sobre el caso Azud ha pedido dejar a la instrucción hacer su trabajo.

La Agencia no puede interferir en el proceso judicial ni dar opiniones sobre casos judicializados pero sí sobre sentencias firmes, y en este sentido ha expuesto que se utilizan para preguntar a responsables de las administraciones si podría estar ocurriendo algo similar y la respuesta “sorprende” cuando dicen que no tienen medios para evitarlo y podría reproducirse.

Por ello, Llinares ha instado a poner los medios para desarrollar “una buena fiscalización”, que ahorra “mucho dinero”, y se ha referido a que durante muchos años se han producido jubilaciones sin que la tasa de reposición lo permitiera, o a los casos de enriquecimiento injusto de la administración por el tapón que provoca la falta de medios derivada de las necesidades de contratación en las administraciones.

También ha asegurado que uno de los errores cometidos durante la pandemia ha sido prescindir de la fiscalización interna en los contratos de emergencia, sobre lo que ha afirmado: “No digo que hubieran podido evitar sobrecostes o sobreprecios, pero sí al menos le hubieran dado carta de regularidad”.

Se ha producido un “abuso” del procedimiento de contratación de emergencia, cuando hay otros mecanismos que permiten rapidez a la hora de contratar, según Llinares, que ha insistido en que no se pueden reducir o eliminar los controles, y si son previos, mejor.

El PP ha anunciado que va a pedir la comparecencia extraordinaria del director sobre los contratos de emergencia del gobierno del Botànic, como son las compras de material sanitario por más de 30 millones de euros “a raíz de una secretaria autonómica, Rebeca Torró, que decía conocer al empresario que trajo el material de la época del urbanismo”, ha afirmado el diputado Fernando Pastor.

El diputado socialista José Muñoz ha manifestado que si hubiera existido una agencia antifraude en el Ayuntamiento de Madrid “nos hubiéramos evitado la situación sobre el hermano de Ayuso”, y ha cuestionado a PP y Vox por “utilizar de forma deshonesta” a la Agencia Antifraude con denuncias para desacreditar a su objetivo.

En este punto, Toni Woodward ha bromeado diciendo que si no ha nombrado a su partido, Ciudadanos, es porque “va a incluirlo en la remodelación” del Consell.

Llinares ha considerado “urgentísima” una ley estatal que ponga en orden y armonice todas las leyes en aspectos como el estatuto del denunciante, pues hay una sentencia que dice que si el funcionario hubiera denunciado en la Agencia le correspondería la aplicación del estatuto, pero como no lo hizo, no le corresponde.

Sobre la distribución por sexos de los puestos de trabajo de la Agencia, cuestionada por Llanos Massó, de Vox, ha afirmado que no genera ningún trabajo ya que lo hace “el ordenador”.

Los grupos también le han preguntado por qué están Baltasar Garzón y Hervé Falciani en el consejo de participación de la Agencia Antifraude.

Sobre Garzón, ha dicho que ha cumplido su sentencia por intervenir los teléfonos de la trama Gürtel, y vino hace tres años a la presentación del consejo y no ha vuelto; de Falciani, ha destacado que su lista ha supuesto un ingreso de 600 millones para la Hacienda pública española, y su caso también ha sido archivado de manera definitiva.