Compromís denuncia que el Gobierno no haya tomado medidas tras la paliza a un interno en el centro de Zapadores (Valencia)

El senador de Compromís, Carles Mulet, ha lamentado que el Gobierno no ha adoptado medidas tras la denuncia de un interno del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de València por “una paliza de cuatro agentes de la Policía Nacional”.

Mulet ha afirmado que el Gobierno “no ha adoptado ninguna medida para depurar responsabilidades, no ha identificado a los agentes de servicio que pudieron haber participado en los hechos y no ha adoptado medidas para que nunca más se produzcan casos como estos”.

Según el senador, ello se deriva de una respuesta del Gobierno tras preguntar por unos hechos que denunció un interno del CIE de Zapadores en el juzgado de guardia de València el pasado lunes, en los que acusa a cuatro policías de darle una paliza y de aislarle en una habitación sin agua, lo que le provocó “un estado de ansiedad y frustración que le llevó a autolesionarse”.

En un escrito de Compromís en el Senado, se recoge que el joven pulsó el timbre de su habitación para pedir asistencia sanitaria por un fuerte dolor en una muela, acudieron cuatro agentes “con actitud violenta” y uno de ellos le empujó y otro le dio una patada en la cabeza.

El informe médico de la exploración constató “múltiples escoriaciones superficiales longitudinales en tórax y miembro superior izquierdo y hematoma peritobitario izquierdo”, según las fuentes.

El joven también denunció que, tras la agresión, lo encerraron durante una hora en una habitación sin agua mientras “veía cómo los policías se reían”, situación que le provocó “un fuerte estrés, ansiedad y frustración, y se produjo una serie de cortes en el cuerpo con un metal que extrajo de la persiana”; así como que al día siguiente lo llevaron a un centro médico donde le recetaron varios medicamentos.

El interno pide al juez que el Estado sea el responsable indirecto de la agresión al estar privado de libertad y que se suspenda su expulsión al prevalecer su condición de víctima “hasta que se esclarezcan los hechos”.

En el escrito de Compromís se señala que, más de dos años después del suicidio de un interno en Zapadores, no existe un protocolo de prevención del suicidio ni una valoración del estado de salud mental o afectación emocional por el internamiento en el CIE, ni tampoco se valora el riesgo suicida.

Según la respuesta del Gobierno, las denuncias presentadas ante las autoridades judiciales se someten a las reglas procesales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y es competente para su conocimiento el respectivo juez de instrucción.

Y añade que, en caso de acreditarse los hechos denunciados y en su caso la responsabilidad de las personas denunciadas, la sanción aplicable la determina la Ley Orgánica del Código Penal, y también debe contemplarse la Ley del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía; así como que la actividad de los CIE está sometida al control judicial, que el reglamento de los CIE determina los servicios que deben prestarse, entre ellos el de asistencia sanitaria, y que en todos los CIE se facilita la labor de protección de derechos humanos.