Ximo Puig defiende un pacto de rentas para proteger al trabajador de la inflación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha señalado que constituye una “prioridad” proteger el mercado laboral ante la inflación para garantizar “más derechos, más seguridad y un pacto de rentas” desde el diálogo social. El presidente ha participado en la clausura del Congreso ‘Las nuevas directrices de la OIT sobre los principios generales de la inspección de trabajo y el futuro del trabajo’, un acto al que también ha asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

El responsable del Consell ha señalado que la vía para avanzar hacia una “sociedad de respeto” se asienta sobre “una base simple: más trabajo y de más calidad”, por lo que “en ningún caso pueden separarse” los “raíles” de la calidad y la cantidad.

Puig ha resaltado que la Comunitat Valenciana ha logrado un “máximo histórico” de empleo, con 2.055.000 personas trabajando, y ello pese a la pandemia y la guerra de Ucrania.

Se trata de un ciclo expansivo que ha coincidido además con “una mayor calidad del trabajo”. De hecho, ha añadido, “a partir de la subida del salario mínimo a 1.000 euros, se han creado 70.000 empleos, y, gracias a la reforma laboral, 650.000 valencianos han firmado un contrato indefinido en 2022″.

Son “cifras sin precedentes” que reflejan que, “a pesar de algunas profecías”, la regulación laboral “ni destruye empleo ni frena la economía”. Al contrario, “ha aportado eficiencia, seguridad y fortaleza empresarial, y esa es una lección de futuro”, ha argumentado.

Puig ha señalado que “ahora la prioridad es reducir los efectos de la inflación” protegiendo el mercado de trabajo, y hacerlo “siempre” desde el diálogo social, dado que es lo que “hace perdurables los cambios”. “Sin acuerdos, todo es frágil” y “con pactos, todo resiste más”. En suma, “invertir en diálogo social es sinónimo de derechos, oportunidades y estabilidad”, ha agregado.

El presidente se ha referido también la importancia de reforzar la Inspección de Trabajo para evitar la economía sumergida, garantizar el cumplimiento de la normativa de igualdad o reducir los problemas psicosociales originados por las “nuevas formas de precariedad” ligadas a lo digital.

“Es hora de cambiar el chip y aceptar que la prosperidad o es repartida o no es prosperidad”, ha dicho Puig, para añadir que “esa es la ‘lista Forbes’ que más interesa a este país: la de la cohesión”.

En este mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido la necesidad de dotar con más recursos humanos, materiales y tecnológicos a la Inspección de Trabajo, una herramienta “clave en la construcción de sociedades más justas y prósperas, con trabajos dignos y vidas plenas”.

La ministra ha señalado que se aumentará el número de efectivos, incorporando a más de 600 efectivos en tres ejercicios, y aumentando la plantilla de personal técnico y administrativo, en un 20 % con respecto a la actual.

Además, la vicepresidenta ha destacado la necesidad de adaptar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los retos que plantea actualmente el mundo del trabajo y se ha referido a la creación de nuevas unidades: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Unidad de Lucha contra la Discriminación y Unidad Especial de Coordinación de la Lucha contra el Fraude en el Trabajo Transnacional.