Las empresas de alquiler de motos eléctricas en Valencia denuncian la escasez de licencias

La asociación de empresas de movilidad sostenible y compartida Smart Mobility ha alertado de la pérdida de servicios de movilidad compartida en València, cuyo ayuntamiento, señala, “está considerado limitar las licencias”.

Esto, señala en un comunicado, “provocará graves perjuicios para los ciudadanos y supondrá un freno para la consecución de una movilidad descarbonizada, eficiente, saludable y amable para el ciudadano” que persigue el consistorio con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

“La sostenibilidad de la ciudad de València camina sobre el alambre en materia de movilidad, ante la falta de voluntad del Ayuntamiento de apostar por los servicios de movilidad eléctrica compartida”, indican desde Smart Mobility.

A su juicio, las restricciones planteadas por el Ayuntamiento “no sólo castigarán al sector, sino que suponen un incumplimiento” de la ley de cambio climático y transición energética, que indica que los territorios con una población superior a 50.000 habitantes tienen la obligación legal de fomentar la movilidad eléctrica compartida.

“Y ello, a pesar de que el pasado mes de octubre, la Comisión Europea otorgó a Valencia el título de ‘Capital Verde Europea’en 2024″, recuerda la entidad en un comunicado.

El sector considera que la cifra agregada planteada, de 2.000 licencias, “es muy inferior a los vehículos que la ciudad (que hoy día tiene cerca de 200.000 motos privadas) puede absorber” y tampoco refleja la “creciente demanda del servicio por parte de los usuarios”.

Recuerdan que el sector pide desde hace tiempo al consistorio “diálogo y un proceso de consulta para repensar la regulación del sistema y que las compañías que desean desplegarse en Valencia puedan hacerlo, con el objetivo de crear una ciudad más sostenible, segura y habitable”.

“Pero el Ayuntamiento se muestra decidido a seguir adelante con una regulación que perjudica al sector sin escuchar la opinión de las empresas”, lamentan las fuentes, que subrayan que las motos compartidas ahorran unos 100 gramos de CO2 por kilómetro y contribuyen a descongestionar el tráfico de las ciudades y aumentar la flexibilidad para desplazarse por las mismas.

Señalan que los “efectos negativos” de esta restricción para el ciudadano “se acentúan porque el Ayuntamiento plantea dividir ese número reducido de licencias entre un gran número de operadores, lo que elevaría los costes de prestación del servicio y condenaría al usuario a descargar más de una decena de aplicaciones para tener acceso a las motos compartidas de la ciudad y/o aumentaría las distancias hasta ellas”.

“La única forma de mantener un sector eficiente y de precios asequibles es mantener un número reducido de operadores en la ciudad, seleccionados a través de un proceso claro y con requisitos de rendimiento medioambientales, sociales y económicos ambiciosos”, afirman.