La Generalitat exigirá más recursos para acoger a más menores

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha lamentado que, ante un fenómeno tan complejo como es el migratorio, el Gobierno de España “utilice la política migratoria con fines partidistas y traslade a las comunidades autónomas una responsabilidad que no es nuestra y es del Estado”.

Camarero ha insistido en la necesidad de revisar y actualizar las condiciones aprobadas en 2022, porque, entre otras razones, “la financiación que aporta el Gobierno por menor no es suficiente y exigimos que se pague por el coste real que cada comunidad gasta”.

La vicepresidenta segunda del Consell ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa para trasladar la posición de la Generalitat sobre la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebra esta tarde, y en la que la titular de Servicios de Sociales espera poder “debatir y trabajar con seriedad una cuestión que es de Estado y que debería estar al margen del partidismo y del interés por sacar rédito político”.

Susana Camarero ha puntualizado que en la reunión no se va abordar “en ningún caso” el reparto de menores procedente de Canarias, y ha aclarado que el punto a tratar es el reparto de 20 millones de euros entre las comunidades autónomas, acordado en 2022, que corresponde al 2023.

Política de Estado

En su intervención, la vicepresidenta también ha recordado que la política migratoria es una política de Estado, por tanto, “debería haber salido de los focos mediáticos y no haber provocado las tensiones de las últimas semanas”, pero, en su lugar, “el Gobierno utiliza la crisis migratoria de Canarias para hacer política”.

Así, ha pedido al Ejecutivo que explique esta tarde su política migratoria y que traslade la hoja de ruta a seguir y lo que ha hecho en los últimos años, y en concreto, en los últimos 9 meses, “para frenar esta catástrofe humanitaria de llegada masiva de migrantes”.

También ha instado al Gobierno a que exponga cómo trabaja con la Unión Europea para atender la crisis de llegada de migrantes a España que contrasta con la reducción de los migrantes en Italia y Grecia.

Respecto a la reagrupación familiar de los menores, la vicepresidenta segunda también ha cuestionado las acciones y medidas del Gobierno central y ha recordado que “el interés superior del menor lleva a hacer lo posible para que estén con sus familias, y no en un centro”.

Asimismo, la consellera se ha preguntado qué políticas sigue la Administración central para trabajar esta cuestión con los países de origen y qué medidas va a emprender para ayudar a los menores en el momento de su emancipación, cuando cumplan 18 años.

Reconocimiento de menores

Para poder alcanzar un consenso, Susana Camarero ha apelado al diálogo para diseñar una planificación responsable y ha considerado imprescindible que el Gobierno de España reconozca el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas en los últimos meses acogiendo menores, “que el propio Gobierno permite que entren entre cupos de adultos”.

Por ello, ha asegurado que no se trata de un problema de solidaridad por parte de las autonomías, sino de la falta de gestión del Ejecutivo que “no se ha molestado en interesarse por la situación real de los recursos que tenemos y no ha ayudado a crear nuevos otros nuevos, ni ha propiciado un debate sosegado”.

Durante los últimos 9 meses han sido reconocidos unos 80 menores y el coste de enero a junio de los que han llegado alcanza los 3,7 millones de euros, lo que supone 7 millones hasta final del año. “Es una falta de respeto, por tanto, que se tilde de insolidarias a las comunidades autónomas”, ha subrayado la vicepresidenta.

“Esta situación nos ha obligado a hacer contratos de emergencia para ampliar plazas concertadas y el Gobierno sigue sin reconocerlos, a pesar de que estamos a una capacidad del 170 % del sistema”, ha informado.

Por esta razón, Camarero ha antepuesto el interés de los menores “que merecen la misma dignidad que los que se encuentran en Canarias, Ceuta o Melilla” y ha reclamado recursos para “poder atenderlos como merecen”.

Del mismo modo, la titular de Servicios Sociales ha mostrado su disconformidad con el trato del Gobierno central a las comunidades autónomas en función del color político y ha señalado que “las que son socias del Gobierno de España, como Cataluña, y País Vasco, sin esperar a la conferencia han manifestado su negativa a recibir menores y no sufren esta presión”.

Solidaridad con Canarias

Susana Camarero ha traslado a Canarias su solidaridad y ha reiterado que para atajar esta cuestión es necesario que el Gobierno central “ofrezca a los canarios y al resto de España una hoja de ruta sobre su política migratoria”.

En este sentido, ha indicado que “entendemos, sentimos y nos ponemos al lado de Canarias en la crisis migratoria que están atravesando, pero es necesario un debate serio y sosegado para trabajar en una solución de un problema que no es nuevo, es un problema del que llevamos meses hablando en la Conferencia de Infancia y en la de Inmigración”.