Economía
Importe, beneficiarios y plazo: las principales diferencias entre el bono de compra de Mazón y el de Puig
El bono consumo de la Diputación de Alicante se puede utilizar en todo tipos de comercios y hostelería mientras que el de la Generalitat es sólo para supermercados o tiendas de alimentación
Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana cuentan con una nueva ayuda económica para soportar la subida de precios tanto de la cesta de la compra como de la energía. Se trata de un bono para el consumo que promueve la Generalitat Valenciana, de 90 euros, y que se suma al que, por segundo año consecutivo, ha lanzado la Diputación de Alicante en la provincia. En 2022, la institución provincial destinó 18 millones de euros, en dos convocatorias de 9 millones cada una, al bono consumo. En 2023, la cifra para esta iniciativa asciende a 20 millones de euros. En total, la Diputación ha empleado 38 millones de euros para este tipo de bonos en la provincia, frente a los 48,4 de la Generalitat para toda la Comunidad Valenciana.
Los dos tienen el mismo fin pero hay diferencias entre ambos, claro está. Así, las ayudas al consumo de la Diputación se pusieron en marcha en abril de 2022, es decir, un año antes que las de la Generalitat. Mientras la institución provincial, que preside Carlos Mazón, ha lanzado tres convocatorias del bono consumo-dos en 2022 y una en 2023-, el Consell de Ximo Puig sólo una.
Además el bautizado por la Generalitat como bono cesta de la compra sólo se puede usar “para alimentos”; es decir, en supermercados y pequeño comercio de comida y bebida. Una restricción que no existe en el bono de la Diputación, por lo que sirve tanto para hostelería como todo tipo de comercios e incluso servicios como un taller de coches. El objetivo es doble: ayudar a las familias a afrontar la escalada de precios y fomentar el consumo en tiendas, bares, restaurantes, etcétera.
Para solicitar el bono de la Generalitat, la renta familiar no puede superar los 21.000 euros anuales, mientras que en la institución provincial no se tienen en cuenta los ingresos. Además, la ayuda económica autonómica es directa, es decir, se concede a las familias y se materializa en forma de tarjeta monedero, similar a la de un banco, en el que se cargan 90 euros para gastar. La tarjeta se pide de manera telemática y el plazo comienza en abril y concluye el 15 de julio. Según cálculos del Consell, 500.000 personas podrían beneficiarse de esta medida.
En cambio, la Diputación reparte este año 20 millones entre 141 ayuntamientos de la provincia, previa solicitud por parte de ellos, para que, a su vez, saquen los bonos consumo y así los puedan pedir los ciudadanos a través de plataformas digitales o a través de los establecimientos que se adhieran a la iniciativa. Una vez aprobadas las ayudas en el pleno, los Ayuntamientos ya pueden poner en circulación los bonos consumo.
Otra diferencia es que en el caso de los bonos de la Diputación el consumidor paga el 50% de lo que gasta; por ejemplo, un ciudadano que compre tres bonos de 20 euros, paga 30 euros y gasta 60; el otro 50% lo financia la institución provincial. En el bono emitido por la Generalitat, en cambio, la administración paga el 100% de lo que gasta el consumidor; o sea, los 90 euros de la tarjeta-monedero.
Además los Ayuntamientos deciden también cuándo venden los bonos al consumo a lo largo del año, y pueden hacer que coincidan por ejemplo con el verano, la vuelta al cole o la Navidad. En cambio, la Generalitat da un plazo de cuatro meses para gastar los 90 euros, a contar desde el momento de la fecha de emisión del bono consumo.
Aún hay más diferencias; el Consell exige ser residente en la Comunidad Valenciana para acceder a esta ayuda, mientras que en la ayuda de la Diputación esa decisión depende de cada Ayuntamientos; así algunos pueden sacar bonos para empadronados y no empadronados, es decir, para turistas que, por ejemplo, estén de paso en la provincia.
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