El PSPV ha encontrado una nueva vía para desgastar al Consell. Desde la dimisión de la consellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas y su número dos, Emilio Argüeso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, era el único blanco en sus ataques. El «Mazón, dimisión» se ha instalado en el día a día de su discurso político.

Sin embargo, desde ayer han sumado a la vicepresidenta segunda de la Generalitat, Susana Camarero. El síndic del PSPV en Les Corts, José Muñoz, anunció que llevará al juzgado que investiga la gestión de la dana la información relativa a los 37 usuarios dependientes que eran usuarios del servicio de asistencia y que fallecieron el pasado 29 de octubre en las riadas.

«Las personas dependientes que estaban en sus casas pidiendo auxilio y apretando a un botón no se encontraron a nadie al otro lado», denunció Muñoz, quien pidió la comparecencia urgente de la vicepresidenta segunda en Les Corts.

La diputada socialista en Les Corts, Rosa Peris, acusó a Camarero de no activar el sistema de teleasistencia para proteger a unas personas que, cuando el agua entraba en sus casas, no podían hacer nada para salvarse. «Es insostenible y exigimos su dimisión».

Desde la vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales, aseguran que el servicio de teleasistencia que atiende a personas dependientes en la Comunitat Valenciana incluyó en las comunicaciones que tuvo con usuarios los días 28 y 29 de octubre avisos sobre las condiciones climatológicas que se iban a producir por la dana, así queda recogido en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso EFE. El escrito de la vicepresidencia que dirige Camarero señala además que el propio martes 29 de octubre, «desde las 8.30 horas de la mañana, y tras la nueva consulta a Aemet en la que eleva el nivel de alerta a rojo, se trasladaron de nuevo los mensajes y alertas de precaución a los usuarios en las comunicaciones efectuadas durante todo el día».

Fuentes de la Conselleria de Servicios Sociales insistieron en que no está entre las funciones del servicio de teleasistencia emitir alertas a los usuarios, a pesar de lo cual aquellos días se fue informando de las condiciones climatológicas a las personas dependientes con las que se contactaba cada día. Se trata del procedimiento habitual cuando hay olas de calor o riesgos de tormentas.

En la zona afectada por la dana hay más de 17.500 usuarios del servicio de teleasistencia.

La directora general de Dependencia y Personas Mayores, Beatriz Simón, explicó que se les avisó para que tuvieran precaución, pero incidió en que el servicio de teleasistencia no es un servicio de emergencias ni de alertas.

Además, pidió que no se siembren dudas sobre esta prestación porque funciona perfectamente. Remarcó que Atenzia es una empresa solvente que prestó asistencia tras la dana «por encima de lo que era exigible para usuarios que necesitaban oxígeno, medicamentos o comida».

Invitación a Mazón

La jueza de Catarroja, que dirige la investigación penal por la gestión de la dana, informó ayer de que ha notificado al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, el auto que emitió el pasado 11 de septiembre en el que le invitaba de nuevo a declarar como investigado en la causa.

En el referido auto, la instructora reiteró el ofrecimiento al jefe del Consell para que prestase declaración en calidad de investigado y, además, citó como testigo a la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero para tomarle declaración, pues también estuvo conectada de manera telemática en el Cecopi durante unos 40 minutos, después se quedó conectado su secretario autonómico. En el mismo auto, la jueza también ha acordado unir al procedimiento la carta enviada a los medios por la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la dana.