La declaración del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, era muy esperada por varios motivos. En primer lugar, porque ha sido el único cargo público que estuvo en primera línea de gestión el día de la dana que no ha hecho ninguna comparecencia. Ni ante los medios ni ante las comisiones de investigación que se han ido creando. Le llamaron del Ayuntamiento de Valencia y contestó por escrito. La primera vez que atendió a los medios fue ayer tras salir del juzgado.

En segundo lugar, porque algunas de las partes personas han pedido su imputación. La jueza de instrucción no ha visto hasta ahora motivos para ello. Es más, su citación como testigo fue de las últimas.

Polo entró ayer en los juzgados de Catarroja increpado por un grupo de víctimas. «Mi madre está muerta ¿Tú qué haces? ¡Esconderte! ¡228 muertos! ¡A ver quién lo paga! ¡A la cárcel!», le gritó un hombre que le suplicó que dijera la verdad.

Durante su declaración, Polo aseguró que antes de las seis de la tarde él instó a que se enviara la alerta. Sin embargo, según las afirmaciones que trascendieron de la comparecencia ante la jueza de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, dijo que no fue hasta el momento en el que se retoma la reunión del Cecopi, después del receso que dura una hora, cuando se comenzó a hablar de enviar una alarma para que toda la población tomase medidas excepcionales para protegerse.

La versión de Pilar Bernabé también cuadra con la del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y con las del jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez.

El presidente de la CHJ también insistió ayer en que él nunca dijo que la presa de Forata podía romperse. Polo incidió en su declaración en que no sabía el escenario que podía provocar que el embalse rebosase por «coronación», pero a preguntas de diferentes abogados insiste en que no se contempló el «escenario de rotura».

Sin embargo, de nuevo Bernabé, Mompó y Núñez, contradicen estas afirmaciones.

Polo compareció ante la jueza de la dana en calidad de testigo, una condición que le libra del estigma de la «imputación», pero que le obliga a decir la verdad.

Con la declaración del presidente de la CHJ, un organismo que depende el Ministerio para la Transición Ecológica, se abre, sin duda, una nueva etapa en un procedimiento al que todavía le queda, al menos seis meses más, pues la jueza ha pedido una prórroga para terminar la compleja instrucción.