Día 15, mes, septiembre y año, 2025. Esa era la fecha que, a modo de espada de Damocles, pesaba sobre los propietarios de las 65 casas de la Playa de Playa de Babilonia de Guardamar del Segura, al sur de Alicante; ese día debían demoler sus viviendas por orden del Gobierno central. La razón, la aplicación de la Ley de Costas. Pero la Generalitat Valenciana logró frenar en seco la demolición, dictando su «suspensión cautelar», por el valor patrimonial de esas viviendas que están situadas en primera línea de la playa.

Una decisión que permitió a los propietarios respirar, aunque se desconoce si el Ministerio de Transición Ecológica reanudará el proceso. Sin duda, la Asociación de Vecinos de Guardamar Playa, que libra una carrera de fondo para que las casas se mantengan en pie, gana así una batalla, que no la guerra. Situadas a 70 metros del mar, las viviendas, de planta baja, están en suelo de dominio público marítimo terrestre. Es decir, sus dueños disfrutan de una concesión administrativa por parte del Estado, que se otorgó en 1934, sobre el terreno en el que están edificadas.

La razón para demolerlas es que la Ley de Costas de 1988 especifica que dicha concesión no puede durar más de 30 años, por lo que expiró en 2018. Al pedir la prórroga en la concesión, los vecinos obtuvieron un no por respuesta, entre otros motivos, y siempre según el Gobierno central, porque esas casas provocan la regresión de la playa. En caso de temporal, las olas llegan hasta las puertas de las viviendas.

Protección

Ahora nueva la legislación autonómica puede lograr que sigan en pie las casas, al incorporar herramientas para proteger el patrimonio litoral y los núcleos costeros tradicionales, reconociéndoles su valor etnológico con el objetivo de dotarles de herramientas para frenar, entre otros, posibles deslindes. Se trata de una ley de la que también se pueden beneficiar los afectados por los deslindes en Denia, es decir, en el litoral norte de la provincia de Alicante.

Nada tiene que ver una caso con el otro; en Denia, los dueños de las casas objeto de deslinde dejan de ser propietarios para ser concesionarios de las mismas.

Algo que, a su vez, se debe a que la titularidad de las propiedades pasa a manos del Estado. Y el Consell ha anunciado que recurrirá judicial y administrativamente, las decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica de las playas de Les Deveses y El Palmar de Denia.Según la Generalitat, hay 3.000 vecinos afectados por los deslindes, de distinta forma.

El primer deslinde de Les Deveses de Denia fue aprobado definitivamente por el Gobierno antes de las pasadas navidades y en marzo la Generalitat ya interpuso un primer recurso.

En septiembre se aprobó otro; en total, hay 14 kilometros de costa objeto de los deslindes. En lenguaje llano, los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica han marcado una línea y todo lo que queda dentro de ella pasa a ser propiedad estatal, es decir, de dominio público marítimo terrestre.

De esta forma cualquier vivienda o negocio, como chiringuitos o restaurantes, que esté en el interior de esa línea ve reducidos sus derechos, aunque tenga escritura de propiedad. A cambio, el Gobierno central, en vez de ofrecer una compensación económica por la expropiación, les permitirá seguir usando sus casas en régimen de usufructo acotado en el tiempo, o dicho de otra forma, por un periodo de 30 años, prorrogables.

Así las cosas, el fin de la nueva legislación autonómica no es otro que identificar los núcleos urbanos y poblados históricos presentes desde hace siglos en el litoral de la Comunidad Valenciana que la dotan de una imagen singular.

De ahí que, antes de redactar dicha norma, el Consell acusara al Gobierno central de querer derribar estos poblados tradicionales, como el de Guardamar, con más de cien años de historia.