Muñoz Machado: «Sería extraordinario que el Estado tuviera que arbitrar para proteger el español en Cataluña»

El 70 aniversario de la ASALE traía consigo una novedad: la presentación de «Crónica de la Lengua española 2021», que publica Espasa. Estas páginas están destinadas a examinar un aspecto del castellano y evaluar su estado en diferentes ámbitos y áreas. El de este año estaba centrado en repasar la interacción del español con otros idiomas. El volumen lo abre el artículo «El estado del español y el trabajo panhispánico de la Asociación de Academias de la Lengua Española» de firma Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española. En él aborda una de las cuestiones más candentes de esta semana: la relación que mantiene el español en Cataluña, algo de actualidad debido al acoso sobre un niño de cinco años en Canet de Mar que reclamaba más clases en Castellano. En la página cinco de este volumen, Muñoz Machado inicia con una reflexión inducida por la situación de América, pero en la que ya dice mucho: «A ningún gobierno se le ha ocurrido debilitar la lengua nacional u oficial, sobre la que se asienta la nación, por más que, en algunos países, el sentimiento de propiedad sobre el idioma no sea lo fuerte que podría suponerse después de doscientos años de independencias».

A continuación, el director de la RAE asegura: «El empeño por fortalecer una lengua propia de un territorio para incrementar su utilización tiene un ejemplo inigualado en España en el caso del catalán». Y aduce: «Las competencias reconocidas por la Constitución de 1978 y por el Estatuto de Cataluña de 2006 a esta nacionalidad han propiciado la formulación de políticas de inmersión lingüística con el objetivo de asegurar el conocimiento del catalán por la totalidad de la población asentada en aquel territorio. En la práctica, las políticas de inmersión han supuesto una discriminación positiva del catalán en relación con el castellano en los programas educativos».

Una paradoja histórica

También señala que esto se ha llevado a cabo en la administración y la vida social. Asegura que el Tribunal Constitucional lo ha aceptado y comenta que «las últimas estadísticas indican que ese predominio de la lengua castellana ya no existe y que los ciudadanos de aquel territorio tienen capacidades en ambas lenguas». Muñoz Machado asegura que «los nacidos en los últimos cuarenta años» se inclinan por el bilingüismo «y no desea que el castellano sea desplazado en Cataluña. Sería extraordinario que el Estado español tuviera que arbitrar políticas de protección del castellano como remedio para asegurar la vigencia real en Cataluña de los preceptos constitucionales que impone su conocimiento como un deber en todo el territorio del Estado».

Muñoz Machado concluye: «Este efecto de posible reducción de los castellanoparlantes, que no se está produciendo en la práctica, pero del que se habla mucho en los debates políticos en España, nos pondría ante una asombrosa paradoja: el país que ha difundido por todo el mundo su lengua y que ha propiciado que muchas naciones la hagan suya, renuncia a su defensa y permite su desplazamiento dentro del propio Estado».