85 años después de la “desbandá” de Málaga

El 8 de febrero de 1937 una marea de personas abandonó Málaga dirección Almería. El motivo de esa peregrinación de más de 200 kilómetros, era consecuencia de la toma de la ciudad por parte del ejército nacional dirigido, en Andalucía, por Queipo de Llano. La juía, como así se llamó la huida de esas 50.000 personas a la única ciudad andaluza aún en poder de la República, no fue un camino de rosas. Como recordaba uno de los que sobrevivieron: “En la recta de Adras, no se veía la carretera; era tanta la gente que caminaba hacia Almería, que todo el camino era una mancha de gente”.

Norman Bethune, cirujano cooperante canadiense escribió: “Contamos unos 5.000 niños de menos de 10 años, y al menos, 1.000 iban descalzos y muchos de ellos cubiertos con una sola prenda. Era difícil elegir quienes llevarse. Nuestro camión era asediado por una multitud de madres frenéticas y padres que con los brazos extendidos sujetaban hacia nosotros a sus hijos; tenían los ojos y la cara hinchados y congestionados tras cuatro días bajo el sol y el polvo”. El ejército nacional bombardeó aquella carretera, de día y de noche. Como consecuencia de ello 1 de cada 5 personas que huyeron pereció en la carretera. En total 10.000 muertos. Según cuenta Rafael Torres: “Un mínimo de 1.500 personas fueron paseadas, ejecutadas y desaparecieron en Málaga en los meses siguientes a la conquista de la ciudad y, entre el 8 de febrero de 1937 -fecha en la cual el duque de Sevilla entró victorioso en la ciudad- y el 1 de abril de 1939, fueron encarceladas unas 5.000 personas, una quinta parte de ellas mujeres”.

La orden de Queipo de Llano fue que no se realizaran juicios. Se pasaría por las armas a cualquier persona sospechosa de pertenecer a organizaciones marxistas y comunistas. Como anota Antonio Nadal y Encarnación Barraquero: “Sólo entre el 1 y el 23 de marzo fueron fusiladas más de 700 personas en las tapias del cementerio de San Rafael. Algunos días, como el 6 y el 21 de éste mismo mes, fueron ajusticiadas cerca de cien personas”.Según la Asociación por la Memoria y la Justicia, se calcula que en la fosa común existente en el cementerio de San Rafael, reposan 2.456 cadáveres procedentes de las cárceles que se establecieron cuando la ciudad fue tomada por las tropas nacionales. Ahora bien, es posible que en esta fosa también estén enterradas personas que nunca pasaron por la cárcel. En lo cual, la cifra aumentaría.

Es anecdótico saber que las tropas italianas, las cuales participaron en la toma de Málaga, protestaron, ante la brutal represión que se estaba cometiendo, porque esto manchaba su honor. Una de las personas fundamentales de aquella represión fue un joven abogado, nombrado fiscal militar, y que se llamaba Carlos Arias Navarro, apodado el “carnicerito de Málaga”. Carlos Arias Navarro (Madrid, 1908-1989). Licenciado en Derecho por la Universidad de Madrid, ejerció como notario y como fiscal. Luchó en el bando nacional durante la Guerra Civil de 1936-39, participando en la represión de los vencidos en Málaga. Su posterior carrera política estuvo ligada al régimen del general Franco, del que fue fiel servidor. Desde 1944 fue gobernador civil y jefe provincial del Movimiento en León, Santa Cruz de Tenerife y Navarra; desde 1957, director general de Seguridad; y desde 1965, alcalde de Madrid.

Entró en el gobierno de Carrero Blanco como ministro de Gobernación en 1973; al morir el presidente en un atentado terrorista, y a pesar de que la responsabilidad de la seguridad recaía sobre el Ministerio de Arias, fue elevado a la jefatura del Gobierno (1974). Formó un gabinete heterogéneo siempre de posiciones ultra conservadoras, con el cual intentó lanzar una tímida apertura (el “espíritu del 12 de febrero”) que pronto se detuvo ante la oposición interna y los riesgos de una democratización. Su gobierno fue muy impopular, debido a su carácter inmovilista y contradictorio, las dificultades económicas del momento (crisis del petróleo) y los múltiples conflictos que le acarreaba su incomprensión de la situación agónica del régimen (ejecuciones de 1974-75, conflicto con el Vaticano a propósito del obispado de Bilbao…). Tras la muerte de Franco en 1975, el rey Juan Carlos le confirmó como presidente del Gobierno a fin de subrayar la estabilidad en la dirección del Estado; pero, contrario a aceptar la transición a una democracia plena, fue sustituido en ese cometido por Adolfo Suárez en 1976.

El embajador italiano, Roberto Cantalupo, pidió clemencia por las víctimas. A esta súplica de Cantalupo, Arias Navarro contestó: “No somos ni mis oficiales ni mis funcionarios quienes ordenamos los fusilamientos. Hacemos esfuerzos enormes para impedirlos y limitarlos, pero las armas se disparan solas”. Cantalupo, ante la contestación de Arias Navarro, se personó en Málaga. Allí, según Hugh Thomas: “Vio como mujeres ricas profanaban tumbas republicanas, y más tarde escribía a su superior que él, personalmente, había conseguido el indulto para 19 masones y la destitución de dos jueces excesivamente severos”. Ante aquella debacle, siempre encontramos personas que, por encima de la ley y las circunstancias, jugándose la vida, hicieron lo imposible para salvar la vida de aquellas personas que estaban perseguidas.

Una de ellas, en Málaga, fue Pofirio Smerdou Fleissner, cónsul honorario mexicano en Málaga. Sobre él escribe Luis Español Bouché: “El cónsul honorario que salvó 567 vidas. Apenas estallado el conflicto, empieza a sufrir la capital andaluza los bombardeos de los unos y los paseos de los otros; muchos huyen y entre ellos el cónsul argentino a raíz de lo cual Smerdou, desde el mismo mes de julio, ejerce también las funciones de cónsul argentino. Durante siete meses, hasta el 8 de febrero de 1937 en que las tropas nacionales entraron en Málaga, Smerdou acogerá sucesivamente tanto en el consulado de México, Villa Maya, como en el de Argentina, a grupos de personas que temían represalias de los rojos, facilitándoles luego la huida”.Se ha asegurado que la represión llevada a cabo en Málaga se produjo como revancha de los asesinatos cometidos, por los republicanos, durante los primeros días de la guerra. Se asesinó a personas de derecha y sacerdotes. Se calcula que, desde julio de 1936 a febrero de 1937, los republicanos represaliaron a 2.453 personas. La represión nacional tuvo un balance estimado entre 3.811 a 4.235 personas.