La SGAE votará entre estatutos o «suicidio»

Cinco semanas después de la elección de la junta directiva que hoy preside José Ángel Hevia, la Sociedad General de Autores de España (SGAE) se enfrenta a su primera prueba de fuego. Será la votación, el 27 de diciembre, de la reforma de los estatutos de la casa mediante un texto que, como reconoció Hevia en rueda de Prensa, no es más que «un parche» que se lleva a cabo como exigencia del Ministerio de Cultura. Buena parte del articulado de los estatutos será superado por la futura Ley de Propiedad Intelectual que se encuentra actualmente en el debate de enmiendas en el Parlamento. Las modificaciones introducidas en los estatutos plantean una mayor exigencia de transparencia y de supervisión de la actividad de SGAE y deben ser aprobadas por dos tercios de los socios. En caso contrario, se abriría una enorme incertidumbre que podría conducir al Ministerio a intervenir o a retirar la licencia de actividad de la entidad.

Ante la división que existe en la entidad, Hevia alertó contra el «voto de castigo» a raíz de las polémicas que han sacudido a la entidad en los últimos años. «Sería un voto de autocastigo. No creemos que esa actitud tenga sentido porque las cuestiones que han generado la desunión entre la masa social van a quedar resueltas muy próximamente con la reforma de la LPI», señaló el presidente de SGAE. Sin embargo, el enfrentamiento interno entre colegios acerca del reparto de la recaudación es evidente y hasta se hizo explícito ayer en la intervención del vicepresidente del Colegio de Gran Derecho, Fermín Cabal, quien discrepó con Hevia al respecto de las consecuencias de la intervención de Cultura. Cabal declaró que su colegio está «a favor» de que el Ministerio les «tutele» y añadió que «hasta la fecha estamos cumpliendo con sus requerimientos».

En todo caso, la actual Junta es consciente de que los estatutos deberán ser revisados de nuevo: «Lo que estamos haciendo es parchearlos a base de cambios. Es una salida razonable en este momento, cambiar solo los puntos que pida la ley con la consciencia de que conllevará reformas más profundas en el futuro», matizó Hevia. Entre las novedades más destacadas que se someten al voto de los 19.000 socios de SGAE está la creación de una Comisión de Supervisión, un nuevo órgano cuyo objetivo es el «control permanente de los órganos de gobierno» y que estará formado por cinco socios de la entidad «ajenos» a su junta directiva (dos del colegio de Pequeño Derecho, uno del Audiovisual, uno de Gran Derecho y otro del colegio de Editores) y un sexto integrante que será externo, «elegido por los cinco socios electos y ratificados por la Asamblea General». De forma paralela, el presidente de la junta directiva «perderá poder ejecutivo». El presidente de la entidad insistió en que «no queremos unos estatutos que favorezcan a ningún sector de la casa, motivo por el que fueron rechazados los anteriores. El entendimiento vendría en base a ajustarse a los puntos marcados en la ley», dijo Hevia, que evitó especular en torno al escenario que se abre en el caso de que los nuevos estatutos fueran rechazados.

Por su parte, Antonio Onetti, vicepresidente del Colegio Audiovisual, aseguró que «me cuesta trabajo contemplar un escenario en el que no se cumpla lo que exige el Ministerio. Sería como pegarse un tiro en el pie. La Junta Directiva no está trayendo una propuesta delirante o desproporcionada. Estamos intentando evitar el suicidio». Sin embargo, fue explícito sobre la situación interna: «Hay socios muy cansados del enfrentamiento intercolegial, pero esta junta directiva defiende seguir adelante. Queremos que nos den un voto de confianza y poder tener tiempo para solucionar los problemas que llevamos arrastrando de hace tiempo». Finalmente, Hevia negó que la entidad «tenga enemigos» como algún miembro de su junta había expresado públicamente e insistió en que el mayor reto es el de lograr una percepción social comprensiva con la entidad. «SGAE es una entidad recaudatoria, pero los usuarios no son enemigos», concluyó.