"Caso Negreira": de la ignorancia del Barça al 208 embargado del árbitro

El Fútbol Club Barcelona respondió a la Agencia Tributaria que "no se puede afirmar quién, por parte del club, fue el responsable del encargo de los servicios" al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, según publica El País.

Así consta en uno de los documentos de la investigación judicial sobre los pagos de 7,3 millones de euros entre 2001 y 2018 hechos por el club a empresas del ex directivo del CTA, a cuyo contenido ha tenido acceso el citado diario. Según éste, el Barcelona aseguró al ser requerido por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía que "no se formalizó por escrito contrato con dicha empresa (Dasnil)". "El club desconoce los detalles de la formalización del contrato verbal dado que deberíamos remontarnos a 2001. Es decir, las personas que debieron negociar dichos contratos no son ya empleadas del club", respondió por escrito la entidad azulgrana.

La Agencia Tributaria inició en julio de 2019 una inspección al Barcelona por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 y del Impuesto sobre el Valor Añadido de 2015, 2016 y 2017, por los pagos efectuados en relación a las facturas giradas por las empresas vinculadas a Enríquez Negreira.

El ex vicepresidente del CTA declaró a Hacienda que nunca hubo un contrato con el Barcelona, sino un acuerdo verbal entre él y los sucesivos presidentes del club, y negó haber usado el dinero para pagar a árbitros, según el periódico. "Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en contra del club, que todo fuera neutral", afirmó.

La Agencia Tributaria trasladó sus sospechas sobre el caso a la Fiscalía, que en mayo de 2022 inició una investigación en la que requirió documentación al Barcelona. El club envió copia de las facturas y justificantes de pago, pero insistió en que no disponía de más información y, como el periodo investigado inicialmente comprendía los años 2016 a 2018, remitió a dos personas que formaron parte del círculo de confianza de Josep Maria Bartomeu (2014-2020): el ex director general Òscar Grau y el ex responsable de deportes Albert Soler, que declararon como testigos, de acuerdo a El País.

El pasado día 15 el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona admitió a trámite una denuncia contra el FC Barcelona, sus ex presidentes Sandro Rosell y Josep María Bartomeu, y Enríquez Negreira, Óscar Grau y Albert Soler, por un delito continuado de corrupción en el ámbito deportivo, además de la personación de LaLiga y la querella presentada por el árbitro Xavier Estrada Fernández.

Según la denuncia de la fiscalía que recoge el juzgado la entidad azulgrana, a través de los presidentes Rosell y Bartomeu, "alcanzó y mantuvo un acuerdo, estrictamente confidencial, con José María Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club".

Por todo ellos, la jueza ve indicios de la existencia de un delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, un delito continuado de administración desleal y un delito continuado de falsedad en documento mercantil que deben ser investigados.

Además, El Mundo asegura que Hacienda ha requisado a José María Enríquez Negreira un Peugeot 208, el único bien que se encuentra a nombre del que fuera vicepresidente del CTA. El vehículo, que estaba aparcado en las inmediaciones del domicilio de Enríquez Negreira y no tenía el seguro en regla, fue trasladado el 1 de marzo por la grúa de Barcelona al depósito municipal. La actuación está relacionada con los impagos que acumulan las sociedades instrumentales que utilizó Enríquez Negreira desde hace más de 20 años, algunas de ellas relacionadas con irregularidades en el pago del IVA.