El BCE vigilará el acoso de Podemos a Bankia

Iglesias y Podemos siempre han ambicionado una banca pública bajo su control. El supervisor financiero puede vetar o cambiar a gestores si no los consideran idóneos para el puesto

Presentación de los resultados de Bnkia correspondientes a los primeros nueve meses del año
Bankia se ha convertido en protagonista político por la intención que ha mostrado Podemos en su posible nacionalizaciónÓscar Cañas Europa Press

Pablo Iglesias y Unidas Podemos (UP) defienden la banca pública, entendida como instrumento de política económica. El control de Bankia, ahora participada por el Estado en un 61,78%, y su total nacionalización siempre ha estado entre sus objetivos. Los términos públicos del pacto PSOE-UP no abordan el futuro de la entidad financiera, pero ha figurado en las conversaciones. Pedro Sánchez, según conocedores de las negociaciones, habría recomendado a Iglesias que, al menos hasta que haya Gobierno, dejara de criticar públicamente a la banca. El líder de UP parece haberle hecho caso, aunque al mismo tiempo, los partidarios de la banca pública –en Unidas Podemos y también en el PSOE y los sindicatos CC OO y UGT– han iniciado una campaña –todavía modesta– a favor de la nacionalización total de Bankia, mientras ponen como modelos al BNG Bank holandés, participado por el Estado y las corporaciones locales, y al NRW Bank alemán, controlado por el Estado de Renania del Norte-Westfalia.

Bankia recibió 24.069 millones de euros del rescate al sistema financiero español, y su capital pasó a estar controlado por el Estado, con el compromiso de su futura privatización. El valor bursátil de la entidad, que ahora ronda los 5.400 millones de euros, ha impedido culminar ese proceso porque significaría que el erario público debería asumir más pérdidas. No obstante, la ministra de Economía, Nadia Calviño, siempre ha defendido seguir con la privatización cuando se den las condiciones de mercado.

José Ignacio Goirigolzarri, antiguo número dos del BBVA, que dejó el banco por discrepancias con Francisco González, fue el encargado de reflotar –como presidente– Bankia tras la etapa de Rato y el rescate. También debía preparar al banco para la futura privatización y recibió garantías de que su gestión sería independiente, libre de interferencias políticas. Los gobiernos de Rajoy y de Sánchez, hasta ahora, no se han inmiscuido en la gestión de Bankia, como reconoce el propio Goirigolzarri que, además, considera que sería un error mayúsculo que la entidad fuera utilizada como instrumento de política económica. El banquero recuerda con frecuencia que ese modelo de banca «no ha funcionado en ninguna parte».

Bankia tiene unos activos de 210.000 millones de euros, 16.000 empleados, 2.275 oficinas diseminadas por todo el territorio nacional y ocho millones de clientes. Un caramelo para los defensores de la banca pública porque, además de instrumento de política económica, la entidad también serviría para acceder a otros tantos millones de votantes, en muchos de los cuales podría influir. Bankia, como dicen en el sector y también las autoridades bancarias, «más que un banco, es una hipoteca andante». Cierto, la mayor parte del negocio de Bankia –y de sus problemas– son las hipotecas, la inversión más sensible para la inmensa mayoría de los ciudadanos. El PP y el PSOE –al menos hasta ahora– renunciaron a utilizar Bankia políticamente, pero ahora hay quien defiende hacerlo entre los socialistas y, por supuesto, en Podemos. No es tan fácil.

El Banco Central Europeo (BCE), que preside Christine Lagarde, tiene la llave de que Bankia, como el resto de bancos que supervisa, no se convierta en un instrumento político. Bankia figura en la categoría de Otras Entidades de Importancia Sistémica (OEIS). Significa que el BCE puede vetar y remover a sus máximos responsables. BBVA, Caixabank y Sabadell también son bancos de Importancia Sistémica, mientras que el Santander está considerado Entidad de Importancia Sistémica Mundial (EISM), un escalón por encima de los anteriores. Uno de los mecanismos de que dispone el BCE para vigilar a los bancos y prevenir futuras crisis es el procedimiento «fit and proper» (justo y adecuado), descrito en un documento que figura en la página web de la Institución. En síntesis, el BCE evalúa la idoneidad de cada uno de los gestores de esas entidades financieras, desde los presidentes hasta los consejeros. Luego emite su opinión y puede rechazar a un aspirante o pedir la sustitución de alguno de los gestores en activo. Las evaluaciones son exhaustivas. Los aspirantes a formar parte de la gestión o de los consejos de los bancos deben acudir varias veces a Frankfurt, sede de BCE, donde son entrevistados y, en definitiva, examinados. La práctica dice que el BCE casi siempre da el visto bueno. Lo que ocurre es que los bancos, antes de proponer candidatos, sondean la opinión de las autoridades.

Bankia puede seguir con mayoría de capital público o ser nacionalizada en su totalidad. El BCE quizá no ponga buena cara, pero no se entrometerá en eso. Sin embargo, cualquier cambio en la gestión sí precisa del visto bueno preceptivo de la institución que preside Lagarde. Bankia no parece un asunto urgente para el nuevo Gobierno. No obstante, con más o menos capital público, la clave radica en la independencia e idoneidad de los gestores. Iglesias, con el aplauso de algunos socialistas, quizá acaricia la idea de controlar Bankia. Para ello debería colocar en la entidad gestores de su confianza y ahí tropezaría con el visto bueno del BCE, que no aceptará a cualquiera. El «fit and proper» descarta a políticos en activo en los dos últimos años o a cualquiera que tenga relaciones personales de «alta influencia política». Precisa que esa «alta influencia política» incluye las administraciones nacionales, regionales y locales, y empleados públicos o representantes del Estado. En definitiva, el futuro de Bankia, objeto de deseo no solo de Iglesias, depende del BCE y, si lo cree necesario, actuará.

El rescate costó 5.859 millones más

El Tribunal de Cuentas ha elevado hasta los 66.577 millones de euros el coste de la reestructuración bancaria, lo que supone 5.859 millones de euros más que lo calculado al cierre de 2015. Esta cifra es un 1,30% superior a la presentada por el Banco de España, que cifró en 65.725 millones de euros –un 2,13% de incremento a lo estimado hace un año– el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis y hasta diciembre de 2018.