Funcionarios y pensionistas dejan de ser “rehenes” de Sánchez

Funcionarios y pensionistas se convirtieron en víctimas colaterales de la negociación del PSOE con nacionalistas y Podemos para investir a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. En plena campaña electoral, el entonces candidato socialista prometió que, si ganaba los comicios del 10 de noviembre, subiría las pensiones un mes después conforme al IPC, siguiera en funciones o hubiera sido ya investido jefe del Ejecutivo por el Congreso, para lo que recurriría a un decreto ley si fuera necesario. Pero Sánchez ganó, diciembre llegó y la subida de las pensiones en el congelador se quedó. El colectivo se convirtió en «rehén» de la negociación al anunciar el Ejecutivo entonces en funciones que, hasta que no hubiera un Gobierno en firme, no estaba seguro de poder ejecutar la subida. Lo mismo le había dicho semanas antes a los funcionarios, cuya subida quedó condicionada desde el primer momento a que Sánchez fuese investido, para disgusto del colectivo, que se consideró agraviado con respecto a la posibilidad de que a los pensionistas les subiesen la paga vía decreto-ley.

Ahora, con la elección de Sánchez, uno de las primeras medidas que aprobará el Ejecutivo socialcomunista será revalorizar las pensiones y los sueldos de los empleados públicos un 0,9% y un 2%, respectivamente. Una decisión que tensionará todavía más las arcas del Estado. El incremento tendrá un impacto de entre 4.800 y 6.000 millones de euros e incrementará el déficit pactado con la Comisión Europea. Y es que, pese a que el déficit nominal está encarrilado, Bruselas está haciendo hincapié en el déficit estructural, donde España tiene que acometer un ajuste del 0,65% del PIB, unos 7.600 millones de euros, este año y el próximo.

Amén de la negociación del presupuesto para este año, perfilado ya por PSOE y Podemos y que ahora tendrá que negociar con el resto de «socios», otra de las medidas que el Gobierno quiere poner en marcha cuanto antes es la subida delSalario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España, lo que previsiblemente elevaría el SMI hasta los 1.200 euros al final de la legislatura. Los empresarios ya han dado la voz de alarma y han advertido de que un alza así podría dañar su competitividad. Entidades como el Banco de España también han alertado de que un incremento demasiado brusco podría tener efectos sobre el empleo, extremo confirmado por el propio ministerio. Según sus datos, la última subida, que lo situó en 900 euros en 14 pagas, ya ha dañado al empleo agrícola y a las empleadas del hogar.