El Gobierno baraja librar del pago del alquiler a los afectados por la crisis

El Gobierno baraja aprobar en un próximo Consejo de Ministros suspender el pago del alquiler durante al menos dos meses a todas las personas que han quedado en situación vulnerable por la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. La medida, según fuentes del Ejecutivo, supondría una condonación de esa deuda, no un retraso o moratoria en el pago de la renta, e iría acompañada de una compensación económica por parte del Estado de hasta el 100 % para los propietarios de los inmuebles en alquiler. No obstante, esta propuesta a la que ha tenido acceso EFE y que ha sido impulsada por Unidas Podemos, podría sufrir alguna modificación en el transcurso del debate interno en el Ejecutivo. De salir adelante, se podrían acoger a esta iniciativa cualquier persona que a raíz de esta crisis no pueda hacer frente al pago del alquiler por pérdida de empleo, reducción de jornada o ERTE. En el caso de autónomos y pymes, si han sufrido una caída “sustancial” de sus ingresos, se podrían liberar además del pago del alquiler de su local y oficina durante dos meses o lo que dure el estado de alarma. Además, el Gobierno acordaría que los contratos de arrendamiento de inmuebles que finalicen durante el estado de alarma sean prorrogados automáticamente por tres meses y establecería que en los seis meses siguientes a la aprobación de esta propuesta no se puedan dar subidas “abusivas” de los alquileres.

Compensación para los arrendadores

En cuanto a los arrendadores, la idea del Ejecutivo pasa por ofrecerles una compensación económica por la renta de sus inquilinos que dejarían de percibir, que será progresiva en función de la cantidad de inmuebles en propiedad que tenga en alquiler. De este modo, en el caso de quienes tengan hasta dos inmuebles en alquiler la compensación sería del 100 % de la renta, pero a partir de ahí, si el propietario tiene más viviendas en alquiler la cuantía se va reduciendo y quedaría en el 5 % para quienes tengan más de ocho propiedades arrendadas, según la propuesta que siempre ha defendido Unidas Podemos.