La economía española, al borde del rescate

El 14-M pasará a los anales de la historia española como el principio del fin del actual modelo económico. Ya nada será igual, ni se podrá desandar el camino transitado. En esa jornada, España inició un desigual combate contra la peor crisis sanitaria que se recuerda en décadas, mientras, su economía entró en caída libre. El sector turístico (el 13% del PIB con 2,2 millones de trabajadores) colgó el cartel de cerrado por covid-19. Los obreros de la construcción (1,3 millones de trabajadores y un volumen de negocio de 125.000 millones) descendieron de los andamios. Bares, restaurantes, tiendas de moda, zapaterías, peluquerías, grandes superficies de decoración... echaron las persianas, muchas no las volverán a subir. Las cadenas de producción de automóviles, que emplean a casi 600.000 personas, se silenciaron. Los aviones dejaron de surcar el espacio aéreo. Los trenes permanecieron estacionados en los andenes y el transporte por carretera quedó paralizado. En las calles vacías aún resonaba el eco de las carcajadas infantiles, mientras, el pánico se apoderaba de sus padres, que recorrían con miradas de terror los pasillos de los supermercados repletos de estanterías desnudas. En los primeros días del estado de alarma, familias enteras, presas por un temor irracional a lo desconocido, se afanaron por coleccionar de forma compulsiva todo tipo de productos de alimentación e higiene. A los más mayores, esa obsesión por acaparar comida y artículos de limpieza e higiene les hizo retrotraerse, salvando las distancias, a capítulos de la historia negra española.

Todo un país en sus casas y sin producir para combatir un letal virus del que poco se sabía por entonces. Ahora, cien días después de la comparecencia de Pedro Sánchez, con el rostro desencajado y demudado, anunciando la declaración del estado de alarma, el impacto del frenazo en seco que sufrió la economía española por el confinamiento de toda su población se ha convertido en un auténtico tsunami, cuyas consecuencias aún son difíciles de predecir y que amenaza con arrasar todo a su paso. De momento, el balance a final de año no podrá ser más catastrófico, con una caída del PIB, según el Gobierno, de casi el 10% (125.000 millones), según el Banco de España, del 15% (187.500 millones de euros), con una deuda pública en ascenso imparable aproximándose al 120% del PIB y un déficit público disparado, al menos, hasta el 10,34% del PIB. La factura más elevada del virus, sin duda alguna, será en términos de destrucción de empleo, con 5,5 millones de personas en el paro y casi un millón de hogares con todos sus miembros en el desempleo a final de este año, según la entidad emisora.

La desoladora radiografía de la economía española la completan un sector turístico situado de golpe en el filo de la navaja, que da prácticamente por perdida la temporada estival, pese a la apertura de fronteras el próximo 21 de junio y que considera insuficiente el plan de ayuda del Gobierno. De hecho, esta crisis sanitaria ha colocado en Europa a punto de la quiebra en cadena a las empresas del sector de transporte ferroviario, aéreo, terrestre y marítimo, según confirman a La Razón fuentes de la compañía Renfe.

Desplome de los ingresos

Este sombrío panorama transporta de un plumazo a la economía española no ya a la anterior crisis económica de 2008, sino a la antesala de la gran depresión del 29, con un gasto público disparado hasta 576.714 millones de euros este año o lo que es lo mismo con un gasto que supone más de la mitad de la economía nacional y un 10,5% más que en 2019, como consecuencia de las medidas adoptadas para combatir el coronavirus por importe de casi 150.000 millones, incluidos los ERTE que han afectado a más de 3 millones de trabajadores. Sin olvidar que del gasto total, nada más y nada menos, se destinará un 10% a pagar los intereses de la galopante deuda pública. Mientras, los ingresos descienden sin freno, con una merma en la recaudación por impuestos y por cuotas a la Seguridad Social. El Gobierno prevé ingresar este año casi 30.000 millones menos, con un monto total de 461.043 millones.

Los economistas consideran este escenario la tormenta perfecta y en función de la solución que adopte el Gabinete de Sánchez se saldrá antes o después y con más o menos víctimas del envite. Por eso, con el fantasma de la intervención sobrevolando, la gran incógnita a despejar en las próximas semanas será si habrá fumata blanca o no para los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y si se apostará por la austeridad o por el incremento del gasto público. En estos momentos, España necesita una inyección de capital de unos 140.000 millones de euros. Por ello es urgente recibir esa ayuda de Europa que alivie la presión sobre nuestra economía y aproxime al país cuánto antes a la salida del túnel. Por el momento, Bruselas está dispuesta a prestarla sin condiciones, es decir, sin solicitar unos sacrificios extras por su auxilio, mientras perdure la urgencia sanitaria. Una vez concluya, el panorama será completamente distinto.

Pero la ayuda comunitaria, la vía libre dada por Bruselas para incurrir en mayor déficit fiscal y la disposición del Banco Central Europeo a comprar deuda española no serán suficiente para salir de la recesión económica en ciernes. El Gobierno deberá adoptar un plan de reformas estructurales, encaminadas a frenar un déficit público disparado. Por eso, Bruselas prefiere esperar a comprobar si lo incluye o no en los Presupuestos 2021. Fuentes gubernamentales se muestran convencidas a este diario de que, hoy por hoy no, habrá imposiciones de Bruselas, pero también están seguras de que si España no hace los deberes será irremediable la intervención de nuestra economía.

Sin embargo, el Ejecutivo está dividido sobre las medidas a adoptar, que deberán guiar los Presupuestos de 2021, ejercicio en el que el Banco de España alerta de que el paro repuntará hasta casi el 24%. En este contexto, la velocidad a la se superen estas adversas circunstancias económicas por las que atraviesa el país dependerán de la correlación de fuerzas que mantienen los miembros del equipo de Sánchez y que se traduce en un inestable equilibrio del Gobierno.

La vicepresidenta económica ganará musculatura dentro del Gobierno si se alza con la Presidencia del Eurogrupo, cuestión a dilucidar el próximo día 9 de julio, tras la renuncia al cargo del portugués Mário Centeno. Sánchez confía en que la ortodoxa Nadia Calviño, conocedora como pocas de los vericuetos de la burocracia europea, consiga ser elegida para el cargo. Si, al final, es nombrada hará valer su criterio en el seno del Gobierno e intentará ganar el pulso al vicepresidente segundo e imponer los recortes necesarios para superar la gran recesión que se avecina en los Presupuestos 2021, que se comenzarán a negociar a partir de que finalicen las citas electorales de País Vasco y Galicia el próximo 12 de julio.

Funcionarios sin vacaciones

Sánchez emulará al presidente Zapatero y aplicará una geometría variable para sacar adelante estas imprescindibles cuentas públicas para el Reino de España y para la continuidad del actual Gobierno, después de dos prórrogas consecutivas de los Presupuestos de 2018. Por eso no descarta pactarlas con todos sus socios, además de con Ciudadanos. De hecho, intentará involucrar a todos los presidentes autonómicos en los retos que supondrán estos Presupuestos de la Reconstrucción del país. Para ello, convocará una Conferencia de Presidentes a finales de julio. De momento, ha dado orden a los diferentes funcionarios implicados en la elaboración de los presupuestos por departamentos de no disfrutar de las vacaciones en agosto, mes en el que prevé elaborar las cuentas públicas de 2021.

Si consigue el consenso necesario para la tramitación de las mismas, no descarta acometer una remodelación de su equipo que de brío a su Gabinete para afrontar los difíciles desafíos que se presentan en el horizonte económico más inmediato. Estos cambios afectarían a la ministra de Exteriores y al titular de Ciencia e Innovación, que podrían competir en la carrera por liderar la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Agencia Espacial Europea (ESA), respectivamente. Aunque su salida del Ejecutivo supondría un reconocimiento a sus méritos, la realidad es que su jefe de filas considera necesario su relevo por un perfil más político. Además, aprovecharía estos retoques para cambiar a la Portavoz del Gobierno. El nombre del actual secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, suena con fuerza para llevar las riendas de la Portavocía del Ejecutivo. El presidente valora la entrega de Montero, pero prefiere un perfil “menos apasionado” a la hora de comunicar a la sociedad.

En un momento de pedir a los ciudadanos más sacrificios, fuentes “monclovitas” no descartan también que use estos cambios para predicar con el ejemplo y reducir su abultado Gabinete, con 22 Ministerios, cuatro Vicepresidencias y una Presidencia. Fuentes nacionalistas consideran “un sin sentido en la actual crisis esta duplicidad de cargos”. Este escenario ocurrirá con toda seguridad, según fuentes gubernamentales, si el Presupuesto sale adelante. En caso contrario, el país se verá abocado a la convocatoria de unas elecciones generales el próximo año, después de una más que segura intervención de la economía española por Bruselas en otoño próximo. Sin embargo, los socios del Ejecutivo consultados por este diario se muestran convencidos de que a ninguna formación política le interesa este adelanto electoral. La gran incógnita a despejar es el camino que tomará Pablo Iglesias, enemigo acérrimo de los recortes, partidario del incremento de gasto público y de subidas impositivas.

El “camino Varoufakis”

“Cuando llegue el momento ponderará si lo que pierde, en principio, le merece o no la pena desde el punto de vista de sus intereses. Si no le merece la pena seguirá los pasos Varoufakis”, que abandonó el Gobierno griego tras la intervención del país, y colocará a Pedro Sánchez en el disparadero. “Pero si, por el contrario, le merece la pena se avendrá” a que Calviño meta las tijeras, aseguran quienes lo conocen bien. “Ese adelanto electoral ni siquiera interesa a Arrimadas, necesitada de ganar tiempo para recuperar la posición pasada de Ciudadanos”, aseguran. Estas mismas fuentes dan por sentado que, al final, se encontrará una solución para que ERC pueda entrar también en el acuerdo.

Aunque no ocultan la dificultad para alcanzar un pacto, fuentes nacionalistas y gubernamentales no descartan un consenso, por tanto, sobre los Presupuestos de la Reconstrucción, en los que Calviño aplicará por el lado del gasto su plan antirecesión. Este plan incluye la reforma del sistema público de pensiones, que el ministro de Seguridad Social tiene negro sobre blanco desde hace semanas encima de la mesa de su despacho y en su cabeza desde hace años. Alineado con Calviño, tiene ya preparadas las fórmulas para endurecer los requisitos de acceso a las pensiones, así como su cálculo de las mismas. Como primera medida, estudia congelar las nóminas de los pensionistas. En este caso, un contexto deflacionista como el que vivimos jugará a favor de obra. La última revalorización de las pensiones en función del IPC en enero pasado del 0,9% supuso consolidar en el presupuesto de la Seguridad Social 1.400 millones más de gasto y situar la nómina máxima por jubilación en casi 2.700 euros.

La reforma recoge también la limitación de las pensiones de viudedad a aquellas personas con determinado nivel de renta. Ahora la nómina de 2,3 millones de pensiones de viudedad reconocidas asciende al mes a 1.705 millones. El Gobiernoestudia aumentar también la edad efectiva de jubilación, con el fin de equipararla a la media de los países de la OCDE, situada en 64,5 años. Además, planea que se tenga en cuenta toda la vida laboral del trabajador a la hora de calcular la cuantía de la pensión. Con esta nueva vuelta de tuerca se podría ahorrar hasta el 1% del PIB.

Calviño también se propone adelgazar la Administración General del Estado. Para ello, no descarta una nueva reunificación de organismos públicos, al estilo y semejanza del que acometió en su día la por entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría. En su paquete antirecesión figura una eventual bajada del salario de los funcionarios con el fin de liberar más de 3.000 millones de euros. El Gobierno no descarta que los altos cargos, incluidos los ministros, diputados y senadores, se aprieten más el cinturón y prediquen con el ejemplo, con descensos de sus salarios de hasta el 15%. Además de una congelación de la oferta de empleo público, el descenso del salario de los funcionarios será seguido por los entes públicos y las empresas públicas. De hecho, Renfe ha sido la primera en dar un paso adelante en este sentido, con un recorte del 40% del salario variable de sus trabajadores.

Subida de impuestos

Si por el lado del gasto la negociación se antoja difícil, tampoco será más fácil por el lado de los ingresos. Los Presupuestos de 2021 deberán amoldarse a la reforma fiscal que planea Moncloa, en la que están enfrentados Calviño e Iglesias a costa de la conveniencia o no de crear un impuesto sobre las grandes fortunas y resucitar el de Sucesiones. Si no prospera esta nueva figura, se superará las desavenencias con un alza del 1% del Impuesto sobre el Patrimonio para las fortunas de más de 10 millones. La reforma fiscal incluirá un alza del tipo marginal máximo del IRPF a partir de 130.000 euros, así como una subida del de Sociedades, aún por decidir, y de la fiscalidad de las rentas del ahorro. Con este paquete antirecesión, Calviño pretende sacar a España del colapso económico en el que la ha colocado el confinamiento de toda la población para combatir el virus. Aún está por ver si lo conseguirá. Pero España no ha sido la excepción y otros Gobiernos también han echado el cierre a sus economías. Por eso la era postcovid abrirá un nuevo orden económico mundial, en el que la robotización, sin duda, dominará la economía y se impondrá un cambio de hábitos en la manera de trabajar y de relacionarse.