El Gobierno estudia bajar el 2% el salario de los empleados públicos

El Gobierno tiene encima de su mesa una batería de medidas económicas destinadas a reducir al máximo posible las probabilidades de entrar de lleno en una recesión económica por las decisiones adoptadas para contener la pandemia del Covid-19. Una eventual bajada del 2% del salario de los funcionarios figura en un lugar destacado en ese paquete antirecesión. Este descenso de nóminas liberaría más de 3.000 millones de euros.

Además de este recorte salarial con carácter general del 2%, el Gobierno no descarta que los altos cargos de las Administraciones públicas, incluidos los ministros, se aprieten más el cinturón y prediquen con el ejemplo, con descensos de sus salarios de hasta el 15%, en función de sus retribuciones. La emergencia sanitaria conlleva una crisis económica de tal magnitud, difícil aún de predecir, que puede colocar a España en la antesala de una nueva recesión económica. El Ejecutivo es consciente de que deberá demandar más sacrificios y esfuerzos a toda la población para salir cuando antes de la crisis. Para ello, no será suficiente la vía libre dada por Bruselas para incurrir en mayor déficit fiscal y la disposición del Banco Central Europeo a comprar deuda española. De ahí que el Gobierno estudie la rebaja de sueldos de los empleados públicos, con el fin de reducir al máximo las posibilidades de entrar en una recesión duradera.

Esta medida, de aprobarse, supondrá, en la práctica, la anulación de la subida del 2% acordada por el Consejo de Ministros el pasado 21 de enero, que entró en vigor con carácter retroactivo desde 1 de ese mismo mes, y que afectó a todos los trabajadores de las Administraciones estatal, autonómica y local y a los del sector público empresarial, es decir, a más de 2,5 millones de empleados públicos. Este alza representó un gasto adicional de 3.212 millones de euros, cifra que ahora se plantea ahorrar el Ejecutivo con esta medida. Los debates sobre esta y otras duras medidas en el seno del Gabinete de Sánchez no están exentos de polémica. Sin embargo, fuentes gubernamentales aseguran a este diario que parece inevitable su adopción y barajan como fecha posible para su anuncio después de que concluya el estado de alarma y una vez se evalúe, de manera más certera, la profundidad de la crisis económica. Entonces, será cuando el Gobierno vuelva a pedir sacrificios a los empleados públicos, de los que no espera una excesiva movilización, en un escenario en el se estima que la crisis se lleve por delante como un tsunami un millón de empleos, mientras, otro millón estará afectado por los Ertes. Por si acaso, buscará la anuencia de los sindicatos antes de mover ficha y aprobar esta reducción salarial.

La paga extra

En los últimos años, los funcionarios han soportado varias congelaciones y dos bajadas de retribuciones. La última se aprobó en 2013, fecha en la que el Gobierno de Rajoy eliminó la paga extraordinaria de Navidad. Esta medida supuso un ahorro de casi 1.000 millones. El Gobierno de Zapatero fue el primero en meter la tijera al capítulo I de Presupuestos, referido al gasto de personal. Los sueldos bajaron de manera progresiva entre el 0,56% y el 7%, en función de la nómina. Los miembros del Gobierno se recortaron los suyos el 15% y los directores generales, el 10%. Aunque ahora no figura en la lista de medidas que se estudian, fuentes del Ejecutivo no descartan más adelante tener que plantearse la supresión una paga extra a los funcionarios, que se devolvería cuando la economía lo permitiera. Tampoco se descarta dejar en “el aire” la oferta de empleo público ya convocada y suspendida por las medidas sanitarias. Las únicas convocatorias que quedarían al margen de esta eventual decisión serían las de los servicios esenciales (sanidad, fuerzas de seguridad del Estado...).