Los administradores de fincas piden mano dura con los «okupas»

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) ha reclamado al Gobierno la reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil como medida imprescindible y complementaria a la creación, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de una oficina anti-ocupación para asesorar a las comunidades de propietarios sobre las medidas que pueden adoptar de cara a combatir la ocupación ilegal de viviendas y los problemas de convivencia que lleva aparejados.

La exigencia, avalada por el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España, considera imprescindible dotar a la Fuerzas de Seguridad del Estado de las herramientas legales «para que puedan intervenir desde el primer momento en que se detecta y denuncia por el titular la ocupación ilegal de su vivienda que, además, supone un hecho delictivo». De ahí que los administradores de fincas reclamen, dada la ineficacia de la Ley exprés anti-desahucios, la modificación con carácter urgente de la Ley que regula los procedimientos penales.

Los administradores denuncian las triquiñuelas utilizadas tanto por las mafias profesionales de la «okupación» como por las personas necesitadas que tratan de «regularizar» en la medida de lo posible su ocupación ilegal afrontando en ocasiones los gastos de comunidad. De esta forma, una vez en los tribunales, los «okupas» tratan de legitimar la propiedad de la vivienda «poniendo en duda al juez», denuncian los administradores.

Aunque legalmente es el deudor el que debe hacer el pago, el Código Civil permite que pueda pagar la deuda un tercero «de buena fe». Es más, «puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor», indica el artículo 1158 del Código Civil.

La ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en los últimos años en una de las mayores amenazas entre los españoles, sobre todo, en las grandes ciudades. La Comunidad de Madrid encabeza la lista con mayor ocupación ilegal de España con cerca de 5.000 viviendas ocupadas. Desde octubre de 2019, cuando se constituyó la «Mesa contra la Okupación» por la Consejería de Vivienda de Vivienda de la Comunidad de Madrid, han sido usurpados 30 pisos, lo que supone una media de más de tres al mes.

Cataluña es la comunidad autónoma española que registró un mayor número de demandas por ocupaciones de viviendas en juzgados de Primera Instancia e Instrucción durante el primer trimestre de 2020, un total de 203. El 22,6% del total nacional.