La prohibición de los desahucios y las subidas abusivas del alquiler se prorroga al 31 de enero

Pese a que el Gobierno ha ajustado al máximo los tiempos, habrá prórroga para la prohibición de desahucios y subidas abusivas en el alquiler de vivienda. Mañana en el Consejo de Ministros se aprobarán estas y otras medidas del denominado escudo social para “paliar las consecuencias económicas de la pandemia en la población más vulnerable”, explicaron fuentes ministeriales, tales como la imposibilidad de cortar suministros básicos a las familias -agua, gas o electricidad-.

Respecto a la prórroga sobre desahucios y alquileres, se mantendrán casi idénticas las condiciones establecidas en el decreto ley aprobado en marzo, cuya extensión se ampliará hasta el 31 de enero. En concreto, quedarán congeladas las órdenes de desahucio por razones económicas no punitivas; se exigirá la obligación de mantener contratos de alquiler en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas y se prolongarán las medidas sobre grandes tenedores respecto al alquiler, que deberán decidir entre una quita del 50% del alquiler o una reestructuración de la deuda durante al menos tres años.

Otras medidas que el Gobierno estudia aprobar mañana son la moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual; la prórroga de seis meses de los contratos de arrendamientos sobre vivienda habitual; la moratoria o el aplazamiento del pago de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica -solo en el caso de que el arrendador sea gran tenedor de vivienda-; y la prohibición de suspender el suministro de agua, energía eléctrica y gas en ningún domicilio que tenga la consideración de primera vivienda. Todas estas medidas tenían fecha de finalización antes del 1 de octubre.

Respecto a las moratorias hipotecarias, el Gobierno tiene previsión de extenderlas, ya que mañana vence el plazo para poder solicitar la que respecta a la vivienda habitual, con una duración de tres meses. La moratoria legal (la que otorga el Gobierno) y la convencional (la que otorga el sector financiero) se pueden conceder simultáneamente, por lo que los hogares que soliciten ambas serán beneficiarios de una moratoria legal de tres meses (sin devengo de intereses), seguida de una moratoria convencional de 9 meses (con devengo de intereses). Pasa igual con la moratoria sobre créditos al consumo. Mañana termina el plazo. Fuentes gubernamentales confirmaron que aún se están estudiando estas propuestas, aunque confían en que pueda aprobarse mañana.