40.000 funcionarios incrementarán sus nóminas hasta en 1.300 euros tras recalificar su clasificación profesional

Gobierno y sindicatos firman un nuevo encuadramiento conforme al IV Convenio Único del personal laboral. CC OO se ha desmarcado porque “el acuerdo se queda corto”

La Administración General del Estado ha firmado un acuerdo con los sindicatos UGT y CSIF para la nueva clasificación profesional del personal laboral, que afectará a casi 40.000 trabajadores -según estimaciones sindicales-. Con este acuerdo, suscrito por la directora general de la Función Pública, Isabel Borrel, con los representantes de UGT y CSIF, se aplicará un nuevo encuadramiento conforme al IV Convenio Único del personal laboral, que no ha contado con la firma del tercero de los sindicatos mayoritarios, CC OO. Esta recalificación implicará que las nóminas de las personas vinculadas a este convenio se incrementen en una horquilla de entre 357 y 1.325 euros, con efectos del 1 de enero del 2019.

CC OO se ha desmarcado de este acuerdo. Según fuentes del sindicato, lo aprobado “se queda claramente corto” ya que deja fuera del sistema de clasificación y de reparto económico a un número importante de trabajadores. “Ni es justo ni un buen acuerdo”, se quejan.

El IV Convenio establece una clasificación profesional actualizada conforme al sistema educativo vigente y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, equiparando así al personal laboral con el resto de empleados del Estado en esta materia. Y todo ello, “sin perjuicio, si fuera necesario, de la creación de las familias y especialidades que se requieran para la adecuada realización de las labores encomendadas al personal laboral de la AGE”, explica el Ministerio.

En su nota, ha explicado que esta nueva clasificación profesional representa “una apuesta decidida por la profesionalización del personal laboral”, que encuentra así cualificación de su actividad profesional en las titulaciones tanto universitarias como del sistema educativo y de Formación Profesional. Ello permitirá a la Administración del Estado contar con perfiles profesionales especializados necesarios en la prestación del servicio público para los que no cuenta con cuerpos o escalas de personal funcionario. En función de dicha especialidad, se ha definido su encuadramiento concreto en el sistema de clasificación del IV Convenio. De esta forma y con carácter general se ha clasificado cada puesto de trabajo “asignándole un grupo profesional, familia profesional y/o especialidad”.

Desde CSIF han explicado en un comunicado que confían en iniciar pronto las negociaciones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado en materia salarial, así como la oferta de empleo público, para abordar las necesidades urgentes de las plantillas agravadas por la situación de pandemia. Asimismo, el sindicato mayoritario ha mostrado la necesidad de desarrollar otros aspectos incluidos en el Convenio Único, como la puesta en marcha de un concurso de personal abierto y permanente, la negociación de las condiciones de acceso a la jubilación parcial y los procesos de cambio de régimen jurídico del personal, así como una revisión del sistema complementario de retribuciones.