La CNMC quiere multar con 400.000 euros a los directivos que impidan la libre competencia

Hasta ahora, las sanciones que emitían los organismos oficiales destinados a controlar la libre competencia entre empresas solo podían sancionar a las propias empresas que incumplían las leyes, pero apenas se podía actuar contra los directivos y empresarios que ordenaban tales prácticas, salvo en contadas ocasiones. Pues eso puede cambiar. La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha adelantado que su organismo pedirá al Gobierno que se puedan incrementar las multas aplicadas de forma individual a los directivos de empresas que lleven a cabo prácticas anticompetitivas hasta los 400.000 euros.

Fernández, que anunció esta medida en un acto organizado por el Consejo General de Economistas, presentará en breve algunas de las modificaciones que quiere aplicar la CNMC en la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, entre ellas la subida de las multas a los directivos, con la que pretende incrementar su “fuerza disuasoria”, como ya se hace en otros países de la UE, en lo que pueden afrontar incluso penas de cárcel y de inahabilitación profesional.

Además, y siguiendo el camino marcado por una directiva europea, en dicha reforma pretenden ampliar hasta 24 meses, frente a los 18 actuales, el plazo de que dispone este organismo para llevar a cabo sus investigaciones. Este incremento del plazo permitiría organizar vistas orales, lo que favorecería “una mejor instrucción al contar con más tiempo para la valoración y el análisis de las pruebas y las alegaciones”. defendió Fernández. Por el contrario, también planteará que la CNMC pueda contar con margen para rebajar los plazos en el análisis de las concentraciones, para ser más operativa.

Asimismo, para que se puedan reducir los plazos cuando las empresas deciden aceptar la multa, demandará un sistema de terminación transaccional de las investigaciones, para que se pueda perseguir cualquier irregularidad independientemente del país en el que se produzca. Desde su creación, este organismo ha impuesto multas por más de unos 1.400 millones de euros en la lucha contra los cárteles y ha desmantelado unos 40.

Control a las platoformas de vídeo

Por otro lado, la CNMC ha abierto una consulta pública sobre la aplicación de la regulación audiovisual a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que se soportan en plataformas de intercambio de vídeos. El regulador ha explicado en un comunicado que quiere recabar información sobre el funcionamiento de estos nuevos servicios, que dan respuesta a los avances tecnológicos y a un cambio de hábitos de consumo entre las generaciones más jóvenes. Asimismo, pretende determinar los alcances de la aplicación de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual sobre estos nuevos agentes del mercado audiovisual.

La concurrencia de los requisitos previstos en la normativa para considerar a algunos de estos nuevos servicios como servicios de comunicación audiovisual ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que el alcance de la regulación audiovisual podría ampliarse a nuevos actores. De este modo, los agentes que prestan estos nuevos servicios podrían estar sujetos al cumplimiento de la regulación audiovisual relativa, entre otros aspectos, al contenido y a su calificación por edades, al control parental y a la publicidad. La CNMC es el organismo responsable de velar por el correcto funcionamiento del mercado audiovisual y, por tanto, de analizar las implicaciones que pudieran derivarse de la participación de estos nuevos agentes. La consulta pública permanecerá abierta hasta el 13 de noviembre.